La reforma para efectuar en dos días los comicios municipales y regionales ha incluido una norma que busca reducir el financiamiento que el Estado entrega a candidatos y partidos, como reembolso de gastos, por cada sufragio recibido. La propuesta encuentra su justificación en el mayor número de votantes que se espera concurran a las urnas debido a la obligatoriedad del sufragio. Estos podrían incluso duplicar los de la municipal anterior y con ello elevar sustantivamente el desembolso fiscal. La idea es lograr un resultado neutral, donde candidatos y partidos obtengan del Estado una cantidad de recursos similar a comicios previos. Se trata de un planteamiento razonable en el que, sin embargo, una parte de su propia coalición se ha resistido a la propuesta del Gobierno.

De hecho, este punto de la iniciativa fue rechazado en el Senado por la mayoría de los senadores oficialistas —aunque también hubo parlamentarios de oposición que se abstuvieron—, generando una suerte de rebelión en sus filas, bajo argumentos como que se estaban alterando las reglas o que, por algún motivo no bien explicado, el mayor número de votantes también demandaría mayores gastos de campaña. Pese al traspié, el Gobierno decidió reponer la idea al pasar el proyecto a la Cámara. Concretamente, ha propuesto que el reembolso a los candidatos sea rebajado de $1.500 a $970 por cada voto recibido, mientras que la devolución adicional que se entrega a los partidos bajaría de $560 a $370. La fórmula ya fue aprobada, con votos transversales, en la comisión de Gobierno Interior, lo que abre expectativas de que pueda prosperar en la sala. Pero aunque los diputados oficialistas parecen más abiertos a dar su apoyo que sus pares del Senado, bien puede darse la paradoja de que terminen siendo claves los votos de la oposición y de figuras tan críticas del Gobierno, como Johannes Kaiser o Pamela Jiles.

Más allá de esa variable política, es importante que esta propuesta sea aprobada y se evite al fisco incurrir en un mayor desembolso de recursos, que se ha estimado podría alcanzar los $30 mil millones. No existen razones que justifiquen ese aumento. Desde luego, el costo de posicionar una candidatura es, en principio, el mismo en un escenario con o sin voto obligatorio; de hecho, incluso podría estimarse que la obligatoriedad demanda un menor esfuerzo de campaña, al estar asegurada una más alta concurrencia a sufragar. Tampoco deben obviarse las limitadas capacidades de fiscalización en este ámbito y la experiencia de candidaturas que en el pasado reciente han abultado maliciosamente sus rendiciones de gasto para acceder a un mayor reembolso fiscal. Pero sobre todo, debe considerarse la profunda desconfianza con que hoy la ciudadanía observa la política y el nuevo motivo de desprestigio que significaría un aumento injustificado de los dineros destinados a financiar esta actividad.