El 2 de noviembre de 2019 se aprobó la ley Precio Estabilizado a Cliente Regulado (PEC1), la cual congeló la tarifa eléctrica hasta el día de hoy. Esta ley evitó un alza del 9,2% promedio en las cuentas de la luz, a pocas semanas del estallido de octubre de ese año. El mecanismo consideraba un sistema de crédito –Fondo de Estabilización– financiado por las empresas de generación, el cual debía mantener las tarifas hasta junio de 2023 o hasta que se acumulara un saldo total de 1.350 millones de dólares en deuda. En junio de 2022, estos fondos ya se habían extinguido, y se estaba generando una deuda adicional. El 1 de julio del mismo año, el Ministerio de Energía debía emitir un decreto a la Contraloría informando nuevas tarifas que en promedio implicaban un alza de un 47%. El actual gobierno promulgó una segunda ley de congelamiento de precios y autorizó una deuda de 1.850 millones de dólares para evitar en ese momento el alza. Este monto también fue sobrepasado, por lo que se debía nuevamente ajustar las tarifas acordes al alza establecida en los contratos iniciales con las empresas y al repago del préstamo. Al día de hoy, se estima que el sistema, es decir, los usuarios que mantuvieron sus cuentas congeladas, tienen una deuda de 6.000 millones de dólares. Es decir, del orden de un 10% de todo lo que gasta el Gobierno en un año, cercano a lo que se gasta en educación.

Mantener este congelamiento tarifario era insostenible, y era necesario sincerar las tarifas. En abril de este año, el Gobierno, en conjunto con el Parlamento, aprobó una ley que pone fin al congelamiento de las tarifas. El proyecto de ley establece la normalización “gradual” de las tarifas de energía eléctrica. Se busca amortiguar las alzas en las tarifas eléctricas a corto plazo, estableciendo un mecanismo que permita el reconocimiento de los saldos acumulados hasta la fecha y facilitando el pago gradual de la deuda por parte de los clientes. La magnitud del desfase tarifario, es decir, la diferencia de lo que se paga hoy con respecto a lo que se debería pagar de haber tenido la evolución que se establecía en los contratos, unido al repago de la deuda contraída, implica que deberemos enfrentar en cortísimo plazo un alza de precios en torno al 50%. Esta es un alza de magnitudes a pesar que ya está suavizada por nuevos plazos de repago. Para evitar el impacto social, se establece un subsidio para el 40% de los hogares más desprotegidos, con un costo de 120 millones de dólares. Esta no es una política fácil de pasar en el Congreso ni de implementar. Era tentador aplazar nuevamente el sinceramiento de las tarifas y pasar el problema al próximo gobierno. Sin duda, esta medida tiene un costo político, pero es lo responsable y lo correcto hacer.

La experiencia argentina nos recuerda que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Por no sincerar las cuentas de la energía, en los tres últimos años el gobierno trasandino ha debido destinar casi 2% del PIB anualmente a subsidiar las cuentas de la energía. Y hoy, para reducir en un cuarto este subsidio (0,5% del PIB), el gobierno debió subir hasta un 150% las tarifas para los argentinos de ingresos medios.

Como ya mencioné, en el caso de Chile, este ajuste tarifario no es fácil políticamente ni para el ministro de Energía ni para todo el Gobierno. A diferencia de las ambigüedades que ha habido en el tema del CAE en educación y en la deuda “histórica”, con esto, el Gobierno da una señal de que está dispuesto a gastar capital político en mantener ordenadas las cuentas fiscales y hacer un uso correcto de los recursos. Este tipo de señales le da fuerza al Gobierno para seguir impulsando la Ley de Cumplimiento Tributario, que, reduciendo distorsiones que implica que algunos no paguen los impuestos que les corresponden, aumenta los recursos del fisco para ser gastado en temas apremiantes para la población como son vivienda y las pensiones.