Señor Director:

Se entiende la posición del Servicio Jesuita Migrante y de la Conferencia Episcopal sobre la necesidad de regularización de migrantes que ingresaron ilegalmente al país. Pero la política migratoria no puede basarse en la aceptación de ingresos ilegales y el incumplimiento de las normas, pues esto socava la institucionalidad y las leyes chilenas.

Se comparte la preocupación de que estos migrantes trabajen ilegalmente, por lo que debemos ser implacables con quienes emplean irregularmente a personas migrantes. Pero regularizarlos no es el camino, ya que el abuso institucional y normativo solo genera problemas entre nacionales y extranjeros, y el SJM y la Iglesia deberían tenerlo presente.

Las propuestas presentadas por estas instituciones carecen de evidencia que demuestre que esas acciones no generan un efecto llamada. De hecho, en los últimos dos años, con el registro biométrico, se ha detectado un ingreso clandestino de 108 mil extranjeros, cifra que supera la suma de ingresos ilegales de los últimos 50 años. A su vez, en encuestas realizadas, las tres principales razones para ingresar ilegalmente a Chile son la facilidad para trabajar sin autorización, la posibilidad de obtener una visa y la ausencia de sanciones.

En la discusión política y legislativa de los últimos cinco años, es conocido el apoyo de jesuitas a la migración sin restricciones. Argumentan que muchos migrantes tienen vínculos familiares y laborales en Chile. Pero si fuera el caso, podrían haber solicitado visas antes de ingresar al país, como lo han hecho cientos de miles de extranjeros. Hay otras soluciones más justas, como por ejemplo, permitir su salida del país para gestionar la visa desde sus países de residencia anteriores, como Perú o Colombia u otras naciones.

Álvaro Bellolio
Director Escuela de Gobierno UNAB, ex director nacional Servicio Nacional de Migraciones