La transición energética ha desafiado las tecnologías del sector. El año pasado, casi el 31,8% del total de la energía eléctrica fue producida por fuentes fotovoltaicas y eólicas, las que virtualmente no existían en 2015, al momento de emitirse el informe de política Energía 2050. Las enormes inversiones asociadas han generado desajustes, y muchos inversionistas extranjeros en las nuevas energías han descubierto que sus proyectos generan pérdidas que en algunos casos anulan el valor de lo aportado. Europa, de donde proviene buena parte de esos capitales, ha presionado al Gobierno para resolver estas dificultades.

El problema principal data del cambio de ley que eliminó el costo de la distancia en transmisión. Esto alentó a los noveles inversionistas en energías renovables a instalarse en el norte, donde el sol y el viento abundan y era fácil adquirir terrenos, pese a la distancia de los centros de consumo. Ello, a su vez, produjo congestión en la transmisión y se comenzó a verter electricidad en la zona. A marzo de este año ya se habían vertido 1.455 GWh, suficientes para abastecer el consumo anual de unos 485 mil hogares. Por ello, muchas veces el precio que reciben en el norte las centrales fotovoltaicas por la energía —la que solo pueden generar en el día— es cero. Al mismo tiempo, estas empresas, para satisfacer sus contratos de suministro a otras zonas, deben comprar energía en el centro del país a un valor a menudo mayor al establecido en esos contratos.

Las generadoras en problemas, casi todas europeas, acusan al Estado de no proveer suficiente capacidad de transmisión. Con ello se evidencia que estos inversionistas desconocían el país y el modo en que hoy opera su institucionalidad, que lleva a largas tardanzas en la materialización de esas obras. En este escenario, el Gobierno se comprometió a buscar salidas, formulando sus propuestas en el proyecto de ley sobre transición energética. En su texto original, este incluía una fórmula de licitación para la habilitación de baterías de almacenamiento, las que permiten la compra de energía a bajo precio durante el día —con lo que se evitaría o al menos reduciría el vertimiento— y su venta durante la noche. Además, la iniciativa propuso reasignar los ingresos tarifarios extraordinarios.

Los ingresos tarifarios aparecen porque hay pérdidas de energía en el sistema entre las inyecciones y los retiros, y su valor es la diferencia de precios entre esos puntos; contribuyen a financiar el sistema de transmisión. En condiciones usuales, no son suficientes y se deben complementar con pagos por parte de los consumidores. Sin embargo, en escenarios de congestión pueden ser tan altos que incluso se generan excedentes: los ingresos tarifarios extraordinarios.

La ley actual señala que si estos ingresos extraordinarios se deben a retrasos en las obras de transmisión, el remanente debe asignarse a los generadores afectados por la congestión. ¿Pero qué pasa cuando hay ingresos extraordinarios y no hay proyectos de transmisión retrasados? Esta situación es la que se produce cuando se instala demasiada generación en forma rápida, a gran distancia de la demanda. Lo razonable, en principio, es que estos ingresos vayan a los consumidores. Pero el proyecto del Gobierno asigna también en este caso los ingresos extraordinarios a los generadores afectados por la congestión. El problema es que ello fomenta que la generación se instale lejos de la demanda y conduce a la larga a una mayor congestión. Una alternativa intermedia es que la medida sea temporal, y que luego se pase a fórmulas más inteligentes, como la licitación de la capacidad de la transmisión. Tal ha sido una de las discusiones que han marcado la tramitación del proyecto en el Senado, la que —conforme a un protocolo suscrito con los parlamentarios— solo vendrá a zanjarse mediante una indicación que se presentaría cuando el proyecto haya pasado a la Cámara de Diputados.

Con todo, debe considerarse que el problema de la congestión tenderá a reducirse a medida que aumente la inversión en almacenamiento. De hecho, en este punto, el Gobierno debió modificar su proyecto inicial, pues el mercado por sí solo está invirtiendo en almacenamiento más de lo que licitaba la iniciativa. Si estas inversiones en almacenamiento continúan, el costo de los errores de los generadores hoy en problemas podría aminorarse, sin introducir distorsiones permanentes al sistema eléctrico.