Señor Director:

Se ha anunciado desde el Gobierno una renovada ley de violencia escolar al mismo tiempo que una nueva concepción de la política de convivencia escolar. La palabra de moda es “integral”.

Sin embargo, las soluciones siguen siendo darles más recursos a las instituciones del Estado y siguen siendo desentenderse de la decisión más severa de una sana política en esta materia: si expulsar o no al estudiante que rompe las bases de un proyecto educativo institucional.

Como en el caso más grave de cyberbullying que hemos conocido a nivel nacional —si no internacional— ocurrido en un colegio privado de élite, ocurre el mismo dilema valórico que con la violencia desatada en los liceos públicos emblemáticos: ¿se debe expulsar al estudiante que sobrepasó los códigos escolares, o no?

Un estudiante que sale, por decisión colegiada, de una institución educativa, no es un estudiante expulsado de todo el sistema escolar, no es un estudiante que pierde todas sus oportunidades de enseñanza.

Tampoco es un fracaso, necesariamente, de toda la comunidad escolar de donde es expulsado. Es un fracaso compartido que, en una sana noción de resiliencia, tendrá que superar él, y todo el resto de la institución, por supuesto.

Con el sesgo de “aula segura”, pero también con el prejuicio contra las sanciones escolares, tramita hoy el gobierno del Presidente Boric una nueva ley para mejorar la convivencia escolar.

El extremo caso de cyberbullying y los “overoles blancos” de los liceos emblemáticos debieran guiarnos a buscar una legislación a favor de la educación pública en toda su dimensión. Algo verdaderamente integral.

Jaime Retamal Salazar
Doctor en Educación, académico Usach