Señor Director:

A propósito de la carta de don Luis Eugenio García-Huidobro, del CEP, en que precisa los alcances de las propuestas de mejoras al proyecto de “permisología”, las que en general a nivel de objetivos apuntan en la dirección correcta, cuesta entender que se piense que esta eventual mejora vaya a acrecentar sustancialmente la inversión en Chile.

Al final, hay que entender cuál es el “nudo gordiano” del problema, y este se centra en el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) y sus mejoras, como un instrumento de gestión ambiental, que además de internalizar las externalidades ambientales y sociales, debiera funcionar de acuerdo con la actual ley, como “ventanilla única”. Y por otra parte, cómo reglamentariamente “llenamos” esa ventanilla (tal como se hizo originalmente con el SEIA) y garantizamos su completo análisis en los plazos de evaluación.

De hecho, creo que lo más relevante del proyecto de ley de “permisología” radica justamente en aquello, pero extrañamente, no modificando la Ley 19.300, lo que es un evidente error de técnica legislativa. Así, tomo las palabras de Eugenio, pero reemplazando el “nuevo servicio” por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como “agencia autónoma con una gobernanza colegiada”.

En relación con los otros puntos planteados, más que desconocer los alcances del proyecto de “permisología”, resulta necesario poner énfasis en lo que resulta esencial, versus lo accidental. ¿Se va a crear un servicio para lograr que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas se demore menos en otorgar una concesión marítima?

Hay que recordar que el SEIA es un sistema masivo al cual cada vez se le agregan más tipologías de ingreso, incluso algunas que se basan en el riesgo. Es ahí donde hay que poner el foco. Por otra parte, la denominada “simplificación regulatoria” ya existe en la ley: una de las competencias del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad es justamente el análisis de la regulación, tanto del Ministerio del Medio Ambiente como sectorial. Ello se realiza al máximo nivel ministerial y con carácter resolutivo. Evidentemente, ello podría perfeccionarse. Sin embargo, el proyecto de “institucionalidad ambiental”, tramitado en forma paralela, reduce sus competencias.

Más allá de la discusión sobre la plataforma SUPER, lo que hizo GPS y sus antecesores, cuestión nada pacífica dadas las lógicas verticales del Estado de Chile, resulta más fácil analizar cuándo se produjeron los mejores tiempos reales de evaluación ambiental, los que se concentraron al término de la gestión del exdirector del SEA Ignacio Toro, en la primera administración del Presidente Piñera, con un muy buen manejo de la gestión interna y externa desde dicho organismo.

Ricardo Irarrázabal Sánchez
Profesor de Derecho Ambiental PUC