Diversos nudos dificultan un acuerdo para reformar el sistema de pensiones, a pesar de su urgencia y relevancia, y también a pesar de los intentos previos de reforma por parte de gobiernos de distinto signo. Uno de esos nudos es el destino de la cotización adicional del 6%.

La creación de la PGU a inicios del 2023, que entrega un monto fijo mensual a casi todas las personas mayores a 65 años, dio un respiro al sistema, sobre todo luego de los retiros de fondos previsionales. Pero aún quedan tareas pendientes, en particular, en vista del número creciente de personas que se jubilarán en los años que vienen y de que aún hay grupos con tasas de reemplazo —la pensión como proporción del salario previo—insuficientes.

En efecto, de acuerdo al estudio de tasas de reemplazo recientemente publicado por la Superintendencia de Pensiones y Dipres, las personas con remuneraciones en torno a los 700 mil pesos hoy apenas aspiran a una pensión de poco más de 300 mil pesos, PGU incluida. Asimismo, quienes ganan alrededor de un millón 800 mil pesos, obtendrán pensiones de solo unos $600 mil incluyendo la PGU. Es de esperar que todos ellos experimenten pérdidas sustantivas de bienestar al jubilarse a pesar de sus esfuerzos de ahorro.

Para aumentar las pensiones actuales y de quienes están próximos a jubilarse, no hay más alternativa que la redistribución, ya sea desde el fisco o desde otros cotizantes. Que el 6% adicional se vaya a sus cuentas personales no les genera beneficios.

¿Cómo llegar entonces a estos grupos de manera eficaz? Una opción es elevar la PGU. Pero esta fórmula tiene desventajas relevantes en relación con la alternativa del ahorro colectivo –un fondo común–. En la práctica, un fondo común permite implementar un apoyo mejor diseñado y focalizado que lo políticamente factible de hacer con recursos públicos. También permite ser más eficaces en contener los costos de financiar pensiones solidarias.

Efectivamente, es muy difícil implementar un beneficio con fondos públicos que dé más recursos a quienes ganan $700 mil pesos o más —el grupo más rezagado— y no a quienes tienen salarios por debajo de esa cifra. No parece políticamente viable. Así, apoyar vía PGU a los jubilados con tasas de reemplazo insuficientes es muy caro porque hay que dar el beneficio adicional a todos.

Asimismo, la PGU carece de incentivos a la formalización y el ahorro: el subsidio es independiente del esfuerzo de cotización. Los beneficios del fondo común se pueden modelar de modo de apoyar más a quienes han realizado más esfuerzo de ahorro y también a quienes están más cerca de caer en la informalidad.

Por otra parte, la PGU está expuesta a presiones políticas de reajustes extraordinarios, algo que sucede cada cierto tiempo en la realidad, pero que no está reconocido en ninguna de las estimaciones de costos futuros de extender la PGU hoy. Un fondo común no puede comprometer más beneficios que lo se puede financiar con lo acumulado. Con ahorro colectivo es mucho más transparente que el financiamiento de mejores beneficios pasa por el esfuerzo de todos.

Adicionalmente, financiar alzas de la PGU requiere de recursos fiscales que hoy no existen. Es políticamente muy difícil que trabajadores exentos empiecen a pagar impuestos a la renta y así recaudar para financiar mejores pensiones. Es mucho más pragmático que todos contribuyan al fondo común a través de sus remuneraciones con un efecto similar.

Una revisión de las encuestas recientes revela que buena parte de la ciudadanía sí está disponible a contribuir a un fondo de ahorro colectivo. Sin considerar a quienes no responden, las encuestas de Tú Influyes de enero y mayo recientes muestran que un 59% y un 71% de los encuestados, respectivamente, estaría disponible para aportar a un fondo común. Un 52% opinó del mismo modo en la encuesta de Criteria de enero pasado. Previamente, en 2023, la encuesta Cadem de diciembre y la de la Universidad San Sebastián de junio, encontraron a un 41% con disposición a contribuir.

En resumen, quienes están próximos a pensionarse no ganan nada con hacer crecer sus cuentas individuales. Al mismo tiempo, será cada vez más difícil financiar los componentes de seguridad social exclusivamente con fondos públicos. La alternativa del seguro de longevidad es regresiva, con muchas personas de bajos recursos que pagarán por un seguro que probablemente no van a recibir. En cambio, un fondo común permite llegar de manera más barata a quienes están más rezagados, contener presiones de costos, imprimir equidad de género e incorporar incentivos a la cotización y formalización.

En este contexto, ¿cuánto de los seis puntos de cotización adicional dedicar al fondo común? Para ello es importante fijar más claramente los objetivos respecto de la suficiencia de las pensiones. ¿A qué tasas de reemplazo y niveles de pensiones aspiramos? ¿Para hombres y mujeres? ¿Para personas de bajos y altos ingresos? ¿Para los que han cotizado por pocos o por muchos años? ¿Para los prontos a jubilarse y los que lo harán en el futuro? En definitiva, este es el acuerdo al que se debe llegar. Luego se puede modelar el camino más concreto para esa reforma.

No hay motivos para que la reforma espere a un próximo gobierno. Con los objetivos claros, el Congreso y el Ejecutivo pueden alcanzar un acuerdo para instaurar un sistema realmente mixto y financieramente sostenible.