Resulta repudiable que alumnos varones y menores de edad del Saint George's College hayan, por medio de la inteligencia artificial, generado un deepfake, distribuyendo supuestas fotos de alumnas desnudas en las redes de internet. Esto es de una gravedad insuperable. Cuatro familias han presentado recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, los que fueron declarados admisibles, y se solicitó al colegio que informara sobre el resultado de las investigaciones que se han realizado.

Según los apoderados, el colegio informó que no denunciaron los hechos como delictivos y que en el sumario los seis alumnos reconocieron su culpabilidad, pero al no tener nada reprochable en su conducta anterior, deberán seguir en sus clases y no se les aplicarán más que orientaciones psicológicas. El establecimiento aseguró haber respetado los protocolos y afirmó que “todos los estudiantes sancionados han manifestado su arrepentimiento ante las acciones ocurridas, disculpándose ante sus compañeras y han estado dispuestos a realizar cualquier otro acto reparatorio en favor de la comunidad escolar afectada”. Además, el colegio prometió proporcionar acompañamiento psicosocial “permanente por parte de las instancias y herramientas docentes y paradocentes (…) con la finalidad que los hechos ocurridos afecten de la menor medida posible el normal desenvolvimiento y rendimiento escolar de las jóvenes afectadas”.

Por medio de una declaración pública, en tanto, el mismo establecimiento señala que “nuestro Colegio fue informado de la existencia de imágenes trucadas con inteligencia artificial y, por tanto, falsas, el 1º de marzo de este año, tras una reunión con los apoderados de las alumnas afectadas. Terminada esa reunión, activamos los protocolos, iniciamos un proceso de indagación interna, brindamos apoyo psicoeducativo a las personas involucradas e informamos a la comunidad escolar sobre lo ocurrido. Como colegio, lamentamos profundamente que esto haya ocurrido y entendemos el dolor y la preocupación de las familias afectadas. Tenemos la convicción de que hemos actuado de manera diligente y oportuna, con apego a nuestro reglamento escolar y sus protocolos, abriendo procesos de escucha con todos los involucrados e informando oportunamente a las familias. Nuestro proceder siempre ha estado enfocado en el resguardo de las personas involucradas, abordando el problema de forma sistémica e integrada”.

Los padres de las alumnas afectadas presentaron dos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando que se anule el proceso interno del colegio. Argumentan que no se ha respetado el principio de adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme a la Convención de los Derechos del Niño. Asimismo, critican al colegio por no haber denunciado inmediatamente los hechos ante el Ministerio Público o al Tribunal de Familia, como exige la ley. En el recurso, los apoderados denuncian que el colegio no activó el protocolo de sexualidad previsto para estos casos, lo que dejó a las estudiantes expuestas a burlas y acoso en redes sociales. La comunidad educativa cuenta con un “Protocolo para casos de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa” y un “Protocolo de prevención y actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten la integridad de los estudiantes”. Pero este protocolo no fue aplicado.

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente decidió abrir una investigación de oficio. La fiscal regional oriente, Lorena Parra, designó al fiscal de género, Felipe Cembrano, para investigar los hechos que afectaron a las estudiantes por los eventuales delitos de trato degradante a menores de edad y distribución de pornografía infantil.

Este es un caso de ciberbullying especialmente grave, que implica un delito sexual de maltrato degradante y pornografía infantil. Los alumnos culpables debieran ser expulsados.