Hace algunas semanas se publicó en Inglaterra el llamado “informe Cass”. Se trata de un estudio encargado por el sistema público de salud a una connotada pediatra —Hilary Cass—, respecto del modo en que estaban siendo tratados niños y adolescentes que deseaban cambiar de sexo. Primaba en ese país un enfoque afirmativo, según el cual no solo hay que aceptar la nueva identidad social del niño, sino que también hay que facilitarle el acceso a bloqueadores de pubertad con efectos de largo plazo. La pregunta subyacente puede resumirse así: ¿en qué medida es legítimo inducir cambios irreversibles en niños o adolescentes que, por definición, no pueden tomarle el peso a la decisión?

La respuesta de Hilary Cass fue contundente. Su informe es demoledor, y lanza graves acusaciones a todos quienes han impulsado esos tratamientos. Según su investigación, la evidencia que los sostiene es escasa y de mala calidad, y, sobre todo, hay una serie de efectos secundarios que aún no conocemos. En cualquier caso, es claro que los bloqueadores de pubertad producen riesgos en el desarrollo neurocognitivo, problemas en los huesos y, en muchas ocasiones, esterilidad definitiva, entre otras dificultades. Dicho en simple, el informe Cass reveló que el tratamiento dominante para los niños en esta situación es una enorme superchería, sin fundamento alguno, y cuyas consecuencias serán pagadas por población vulnerable.

A partir de esto, se generó en Europa una fuerte reacción contraria a la aplicación de estos medicamentos en menores de edad. Esto es normal: si los niños y adolescentes no pueden comprar alcohol ni cigarros, si sus derechos son restringidos, es precisamente porque consideramos que no están en condiciones de tomar ciertas decisiones. Parece entonces natural que seamos muy escépticos a la hora de permitirles acceder a tratamientos cuyo alcance no pueden ponderar del todo.

Sabemos que en Chile la situación no es muy distinta a la descrita por el informe Cass. Lamentablemente, muchos de los profesionales vinculados al tema recetan bloqueadores de pubertad con una facilidad pasmosa. Muchas veces bastan una o dos sesiones para derivar al endocrinólogo, recetar medicamentos de efectos irreversibles, ofrecer mastectomías a los 14 o 15 años, sugerir congelar espermios, todo esto al mismo tiempo que se presiona a los padres para que acepten la voz de los “expertos”. Esto se explica, al menos en parte, por la predominancia del enfoque afirmativo: si el niño lo manifiesta, entonces lo que dice se convierte en verdad sagrada.

En rigor, la mera formulación de una duda es vista como una discriminación inaceptable. Se esgrime el argumento de que los tratamientos permiten prevenir suicidios, pero la evidencia al respecto es cuando menos dudosa. La cuestión es delicada, pues, en muchas ocasiones, esos síntomas forman parte de un momento de la adolescencia, pero no tienen por qué determinar el futuro. Si lo propio del adolescente es la búsqueda, resulta absurdo fijarlo en una de las etapas, más aún contra la voluntad explícita de sus padres. Todo indica que allí no prima la consideración por el bienestar del paciente, sino el deseo de hacer avanzar una agenda ideológica carente de toda base científica.

Este cuadro se agrava si consideramos que el Gobierno ha empujado decididamente la política afirmativa. La ley de identidad de género permite que mayores de 14 años puedan cambiar su sexo registral con la autorización de un tribunal, además de recibir acompañamiento en el proceso. Sin embargo, la actual administración redujo la edad para recibir asesoría en esta materia a... tres años. Es más, cuando no saben escribir, los niños firman con una raya (no saben firmar, ¡pero pueden consentir!). Un documento del Ministerio de Desarrollo Social indica que si los padres se oponen a ciertas medidas, deben ser sensibilizados o denunciados a la justicia; y, de hecho, hay un padre demandado por no haber aceptado las “propuestas” de los funcionarios. Orwell no lo habría dicho mejor.

Todo esto es grave, y nadie debería quedar indiferente. Las instituciones involucradas tienen el deber de revisar críticamente sus procedimientos, el Gobierno debería atenerse a lo indicado por la ley y los legisladores deberían fijar límites explícitos a la experimentación con niños y adolescentes. Y, quizás, sería hora de encargar nuestro propio “informe Cass”.

Daniel Mansuy