Al condicionar su apoyo a que el total del aporte de los empleadores vaya a las cuentas individuales de los afiliados, Chile Vamos está apostando a postergar la reforma de pensiones para el próximo gobierno. La propuesta inicial del gobierno actual era la opuesta, que el 6 por ciento de los empleadores fuera exclusivamente a solidaridad. El Gobierno fue cediendo, hasta llegar a la propuesta de 3 por ciento para cuentas individuales y 3 por ciento para solidaridad. Que el Gobierno acepte un cero por ciento para solidaridad es pedirle capitular en una dimensión que es clave, tanto para la izquierda como para la centroizquierda. En definitiva, la exigencia de Chile Vamos de eliminar la solidaridad del proyecto asegura su fracaso.

Los elementos solidarios que van quedando en la propuesta del Gobierno mejoran las pensiones de los actuales jubilados (0,1 UF por año cotizado) e igualan las pensiones de mujeres y hombres que jubilan con el mismo ahorro.

Chile Vamos sostiene que, luego de la introducción de la PGU, la redistribución que falta se debe cubrir aumentando este beneficio. Este argumento tiene varios problemas. Primero, redistribuir subiendo la PGU es muy caro y, dado que estos beneficios no guardan relación con las contribuciones que se hicieron durante la vida laboral, puede llevar a que la ciudadanía cuestione su obligación de cotizar. Si mi pensión viene principalmente de la PGU, ¿por qué tendría que contribuir con descuentos regulares de mi sueldo?

Segundo, dado que la oposición se niega a subir los impuestos, no están los recursos para redistribuir más a través de la PGU. De hecho, se argumenta que para recaudar más impuestos se debe reducir el umbral exento del impuesto a la renta. Técnicamente impecable, políticamente improbable. En cambio, redistribuir a partir de las contribuciones que harán los empleadores tendría un efecto similar y es políticamente viable.

El rechazo de Chile Vamos a incluir una componente solidaria responde, también, a un cálculo político. Creen que tienen ganadas las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año y que entonces podrán aprobar su reforma de pensiones soñada. Este cálculo podría terminar siendo un gran error, por varios motivos.

El primero es que desde que el tema de pensiones saltó a la agenda pública hace más de una década, este es el mejor momento para negociar en el que ha estado la derecha. Esperar al próximo gobierno puede llevar a una reforma aún mejor (para la derecha), pero nada asegura que esto suceda. Además, una reforma aprobada ahora, con votos transversales en el Congreso, tendrá mayor legitimidad que una reforma que apoye solo la derecha durante un eventual gobierno de ese sector.

Un segundo motivo es que en un gobierno de cuatro años se pueden aprobar una o dos grandes reformas. Si Matthei es la próxima presidenta, ¿realmente quiere que a su gobierno se lo recuerde por la reforma de pensiones? Sin duda, una contribución más atractiva sería una reforma que efectivamente mueva la aguja en crecimiento y desarrollo.

Un tercer motivo es el riesgo de un nuevo retiro, el próximo año, en plena campaña. Es muy probable que algún parlamentario haga la propuesta, porque las ganancias electorales asociadas son muy tentadoras. Y no sería sorprendente si la Cámara de Diputados lo aprueba, considerando que casi todos los parlamentarios van a la reelección. Es cierto que la derecha tiene mayoría en el Senado y que solo la mitad de los senadores se reelegirán; sin embargo, parece arriesgado exponerse a alguna sorpresa, como ya sucedió en el pasado. Tampoco será atractivo para Chile Vamos pasarse la campaña discutiendo los retiros.

Un cuarto motivo por el cual sería mala idea para Chile Vamos postergar esta reforma es que la economía viene mejorando y, con el nuevo ciclo del precio del cobre, seguramente mejore mucho más el próximo año. La suerte no está echada en materia electoral, ya que una economía en expansión hará más evidente que las críticas de la oposición al Gobierno, a veces (¿muchas veces?), han sido exageradas. No sería la primera vez en nuestra historia reciente que quienes creían que los dioses les sonreían terminaron excediéndose en sus aspiraciones y luego arrepintiéndose.

La encuesta Data Influye, publicada esta semana, indica que el proyecto de ley más urgente para la ciudadanía es una reforma al sistema de pensiones. Un 53% lo menciona en primer o segundo lugar; seguida por una “ley larga” de salud, con un 26% de menciones. Tanto la ley que regula el uso de la fuerza como una que aborde la condonación del CAE empatan el tercer lugar con un 22% de las preferencias.

La reforma de pensiones puede mejorar, significativamente, la calidad de vida de los jubilados actuales y futuros, aumentando los recursos disponibles con una cotización de los empleadores que vaya mayoritariamente a las cuentas individuales, pero que también contemple elementos solidarios. Ese tipo de solidaridad existe en la mayoría de los países desarrollados y no hay motivos para que en Chile no sea así. La reforma debe incluir, además, medidas que estimulen la competencia y reduzcan los costos de la industria. Aprobar una reforma de pensiones daría un mensaje muy potente a la ciudadanía de que la política puede alcanzar acuerdos y aprobar proyectos que han sido postergados durante demasiados años. También constituiría un valioso ejemplo de colaboración entre la oposición y el Gobierno, algo que se echa de menos desde hace tiempo y que beneficiará no solo al futuro gobierno, sino también a todos los chilenos.