Durante las décadas de 1990 y 2000, los países en desarrollo y en transición capitalizaron los avances de la globalización, abriendo sus economías y alineándose con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta apertura externa ha generado grandes beneficios, derivados de una mejor utilización y asignación de los recursos, del aprovechamiento de la competencia, economías de escala, y del acceso a productos e insumos de mayor variedad y calidad y exponiéndose a nuevas ideas y tecnologías. Para los consumidores, esto se ha traducido en mejores precios, así como en una mayor variedad y calidad de bienes y servicios. Maximizar estos beneficios requiere asegurar y sostener los equilibrios macroeconómicos y tener un marco de políticas públicas e instituciones que faciliten la movilidad del trabajo, la inversión y la incorporación de nuevas tecnologías, incluyendo el desarrollo de su capital humano.

Entre los grandes beneficiados de la globalización se encuentran las economías en transición de Europa Central y del Este, que supieron aprovechar su buen nivel de capital humano y su orden macroeconómico en su proceso de apertura al mundo. Asimismo, los países emergentes que han estabilizado sus economías y se han integrado a la economía mundial también han cosechado beneficios significativos. Un caso notable es China, que desde las reformas iniciadas en 1978 y su ingreso a la OMC en 2001, ha experimentado una acelerada integración a la economía global. Este proceso le permitió dar un gran salto en su PIB per cápita, reducir la pobreza drásticamente e incorporar tecnologías de punta, que le han permitido transitar en pocos años de una economía agrícola de subsistencia a una potencia tecnológica e industrial mundial.

Chile, una economía pequeña, es un caso único a nivel mundial. Nuestro país, a la par de comenzar a avanzar en corregir sus desequilibrios macroeconómicos, inició su proceso de apertura económica desmantelando una amplia gama de medidas proteccionistas, como altos aranceles y cuotas de importación, así como tipos de cambio múltiples usados como instrumento de protección. Este proceso se inició en las décadas de los setenta y ochenta, un par de décadas antes que China y que otros países emergentes y en desarrollo, mediante reducciones unilaterales de las altas barreras al comercio. La apertura continuó en la década de los noventa —período en el cual la globalización recibió un gran impulso de la mano de innovaciones tecnológicas, liberalizaciones comerciales unilaterales y multilaterales y el fin de la regla fría—, profundizando la baja de los aranceles y con la firma de múltiples tratados comerciales, los cuales han mejorado el acceso de nuestras exportaciones a mercados externos. La pérdida de dinamismo de Chile de la última década tiene diversas causas internas, que ya he analizado en columnas anteriores. En esta columna, me concentraré en los problemas que está enfrentando la globalización y en cómo Chile puede navegar en este entorno global cada vez más complejo.

En los últimos años, la economía global ha experimentado una creciente fragmentación, marcada por la búsqueda de fuentes más seguras de suministro que despertó la pandemia, tensiones comerciales entre EE.UU. y China, las sanciones impuestas a Rusia tras su invasión a Ucrania, y la formación de bloques económicos en torno a estos dos países. Además, se han impuesto una serie de restricciones al comercio, principalmente por EE.UU. y China, por motivos de política industrial y seguridad nacional. Estas intervenciones incluyen subsidios, así como restricciones a las importaciones y exportaciones, justificadas en términos de seguridad nacional o con el fin de mantener o desarrollar un liderazgo en industrias de punta, apuntalar las cadenas de suministro, responder a preocupaciones medioambientales o derechamente proteger la industria nacional. Esta situación coincide con el debilitamiento de la OMC, cuyo tribunal para zanjar controversias se encuentra inoperativo debido a la negativa de EE.UU. a completar el reemplazo de jueces que ya finalizaron su período. Además, la OMC se concentra en reglas comerciales y no en conflictos comerciales relacionados a temas de seguridad nacional.

La pregunta es qué puede hacer un país pequeño y abierto al mundo como Chile, que ha obtenido importantes beneficios de la combinación de reformas económicas e institucionales, donde ha jugado un rol central la apertura comercial, frente a estos cambios en la globalización. Algunos proponen adoptar una nueva política industrial, tomando como ejemplo a Corea del Sur u otros países asiáticos. Sin embargo, cabe destacar que su despegue estuvo asociado principalmente a la remoción de obstáculos a las exportaciones, al desarrollo de su capital humano y a una política macroeconómica que estableció un tipo de cambio realista tras años de sobrevaluación de su moneda. Más aún, su intento posterior por promover la industria pesada y química a través de una política industrial contribuyó a su crisis de fines de los setenta (ver Corbo y Sang-WooNamen, Corbo y Sang-Mok Suh, editores). Los ejemplos de fracasos de la política industrial son numerosos en América Latina, como las armadurías automotrices y de productos electrónicos en Arica, en el caso de Chile, y el costoso experimento de ensamblaje de productos electrónicos en Tierra del Fuego, en el caso argentino. En general, más allá de estos ejemplos específicos, hay abundante evidencia de que la política industrial puede ser capturada por grupos de interés, promoviendo la corrupción.

En vez de desarrollar industrias nacionales a través de subsidios gubernamentales y empresas estatales, lo adecuado para los países emergentes y en desarrollo en esta coyuntura es remover obstáculos que limitan la actividad económica en general y las exportaciones en particular. Esto implica mejorar el ambiente general de los negocios, la competencia, el capital humano, y reducir las regulaciones excesivas e ineficiencias en las redes de transporte y logística. En el caso de Chile, que enfrenta grandes oportunidades derivadas de la alta demanda mundial por minerales necesarios para desarrollar las energías limpias y la electromovilidad, así como en la producción de hidrógeno verde, lo apropiado sería desarrollar procesos competitivos para su explotación. Los escasos recursos públicos deberían focalizarse en mejorar la educación desde sus etapas tempranas, la capacitación laboral, la seguridad interna y la infraestructura para la exportación de servicios tecnológicos y turísticos. En estas áreas, el Estado tiene un rol central. Chile, junto a otros países emergentes, debiera también utilizar los foros de la OMC y otras instancias internacionales para abogar por el respeto a las reglas del comercio internacional, explorar oportunidades para nuevos acuerdos comerciales y seguir aprovechando y perfeccionando los numerosos acuerdos comerciales ya suscritos con los principales países y bloques del mundo, incluyendo el Acuerdo Transpacífico (CPTPP).

Al mismo tiempo, como país pequeño, es fundamental evitar el proteccionismo no solo por sus dudosos beneficios, sino también por sus potenciales efectos negativos en forma de represalias comerciales contra nuestras exportaciones de nuestros principales socios comerciales. Un país pequeño como Chile no puede darse el gusto de no respetar las reglas del juego.