La generación que hoy gobierna cimentó su éxito sobre la educación superior. Primero fue la gratuidad, una política regresiva. Si miramos al pasado, ella favorece a quienes llegan a la educación superior, y como las desigualdades se van acumulando a lo largo de la vida, son un grupo relativamente aventajado. También es regresiva si miramos al futuro, porque quienes tienen educación superior ganan, en promedio, mucho más que quienes no la tienen. Cuesta encontrar en el mundo países donde los ingresos relativos de los jóvenes con educación terciaria sean tan altos como en Chile. Es cierto que detrás de ese promedio hay grandes diferencias, pero la distribución entera de los ingresos de egresados terciarios va muy por encima de la de los con educación media.

Como resultado de la gratuidad, hemos invertido enormes recursos en los niveles educativos más altos. Mientras entre 2012 y 2018 el gasto público en la OCDE creció 12% para educación escolar y 7% para superior, en Chile crecieron 19 y 92%, respectivamente. Esta prioridad presupuestaria nacional en la educación superior solo puede crecer a medida que, como mandata la ley, la gratuidad se vaya extendiendo a los deciles más acomodados.

Ahora se nos aparece, aún sin detalles, la idea de condonar el CAE. Ella comparte la regresividad de la gratuidad, con el agravante de que nadie se educará más porque se le condone una deuda que ya existe. Esta propuesta favorece a oportunistas, perjudica a cumplidores y resulta injusta para quienes ya pagaron. Por cierto, vendría a cargar aún más la balanza fiscal hacia los jóvenes más educados.

Suele decirse que la gratuidad llegó para quedarse, pese a que hay países que la han abandonado. Con audacia, podría cambiarse por una política que compatibilice acceso con progresividad, como son los créditos contingentes en el ingreso: nadie se queda fuera por falta de recursos, pero todos después retribuyen, según sus posibilidades. Se podría partir por limitar la gratuidad a cuatro años de estudio (de paso, ello ayudaría a acortar nuestras carreras tan largas).

Es entendible que el Gobierno, en su posición actual, no quiera avanzar en esa línea. Pero volver otra vez contra el CAE es seguir desbancándonos con malas políticas. Las voces críticas, incluso dentro del oficialismo, sugieren que la propuesta tampoco aporta al ambiente político que el Gobierno necesita.

Si lo que se busca es retomar la educación superior, hay otros problemas urgentes. Una opción sería invertir para reducir la deserción terciaria. El 22% de los estudiantes que ingresan a la educación terciaria abandonan el sistema, alcanzando el 31% en los niveles socioeconómicos bajos (Valenzuela y Kuzmanic, 2023). Podríamos pensar en planes de nivelación educacional potentes, con apoyos económicos cuando sean necesarios. Ello sí contribuiría a la equidad. Otra alternativa sería invertir más en investigación y desarrollo, un área en la que, como fracción del PIB, gastamos la octava parte que el promedio OCDE y que, pese a las promesas, está estancada hace décadas.

Si alguna vez se pensó que el costo alternativo era un subterfugio, la experiencia de gobernar, más con estrechez fiscal, debiera haber mostrado que es, por desgracia, inescapable.