A mediados de 2020, cuando el país mostraba las llagas dejadas por octubre de 2019 y la pandemia ya causaba estragos, se frustró en el Senado una iniciativa que proponía legislar sobre la sustitución de las penas privativas de libertad por la reclusión domiciliaria para aquellos condenados que estuvieran diagnosticados con una enfermedad en fase terminal; aquellos que, por cualquier causa, tuvieran menoscabo físico grave e irrecuperable que les provocara dependencia severa; y aquellos de 75 años de edad o más, que hubieren cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta, con excepción de los condenados a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, los que deberían tener cumplidos 20 o 40 años de privación de libertad efectiva, respectivamente.

El proyecto correspondía a una iniciativa ingresada a fines de 2018 por el gobierno del Presidente Piñera, y se reactivó luego de que el mandatario determinara su discusión inmediata en los primeros meses de 2020. Tanto la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento como la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, que contaban con mayoría opositora, rechazaron el proyecto ante la posibilidad de que beneficiara a los militares condenados en causas de derechos humanos. En ambas comisiones, el resultado fue de 3 votos contra 2.

¿Cuál es la situación actual de los militares procesados y condenados? La ONG JURE, cuyo directorio es presidido por el coronel (r) Marco Antonio Sáez Saavedra y cuyo director ejecutivo es el general de brigada (r) Álvaro Guzmán Valenzuela, se dedica a prestarles apoyo jurídico con el concurso de cinco abogados. De acuerdo con los antecedentes del organismo, en las prisiones de Punta Peuco, Colina 1 y San Joaquín (recinto de mujeres) al 30 de abril de este año había 163 presos del Ejército, 24 de la Armada, 22 de la FACh, 99 de Carabineros y cinco civiles. En otros penales, a lo largo del país, había 16 presos más.

Según la misma ONG, los datos de abril sobre la edad de los presos eran los siguientes: dos presos tienen entre 50 y 59 años; 45 presos, entre 60 y 69 años; 78 presos, entre 70 y 79 años; 33 presos, entre 80 y 89 años; y 5 presos, más de 90 años. Han fallecido en prisión 31 presos. Entre 2005 y 2024, se han suicidado seis.

En marzo, JURE señalaba: “La avalancha de condenados de los últimos meses hace que no existan espacios dignos para el cumplimiento de sus penas, máxime si muchos de ellos, ya ancianos, no tienen las mínimas condiciones para soportar sus últimos días como enfermos terminales o aquejados de enfermedades severas. ¿Será posible que los jueces, con un mínimo de clemencia, dispongan el cumplimiento de condenas en sus domicilios para dichos condenados que han perdido su autonomía física o síquica, o son de avanzada edad? ¿Será posible que, basados en la igualdad ante la ley, no exista discriminación con nuestros camaradas en relación con la obtención de beneficios carcelarios?”.

El recordado abogado José Zalaquett, que inmediatamente después del golpe de 1973 defendió los derechos de los perseguidos desde el Comité Pro Paz, que en 1976 estuvo en prisión por cumplir con lo que consideraba su deber, y que en 1990 integró la Comisión Rettig, afirmaba que la justicia no excluye las medidas de humanidad, y que la ley debe permitir un trato humanitario en casos de presos de edad muy avanzada o de grave enfermedad.

Nuestro país ha recorrido un largo camino para abrir paso a la verdad, la justicia y la reparación respecto de las graves violaciones de los derechos humanos en el período 1973/90. Pocas naciones que pasaron por traumas parecidos han logrado hacer más que Chile en ese terreno. No es poco lo que hemos aprendido de las terribles heridas que dejó el derrumbe institucional de hace 50 años. Hoy se entiende mejor entre nosotros que el fundamento de la vida en libertad es la cultura de los derechos humanos, cuya vigencia depende de la solidez del Estado de Derecho y, en definitiva, de cuán firme sea la lealtad de la mayoría de los ciudadanos con el régimen democrático.

Se trata de que, después de tantos desgarramientos, el empeño de justicia converja con la adopción de medidas humanitarias que favorezcan el reencuentro nacional. La compasión debe ser parte de ese empeño. Le haría bien a nuestra convivencia si el Congreso, por encima de cualquier partidismo, toma la iniciativa de dar pasos efectivos en esa dirección. Se requiere buena voluntad, pero también coraje, para materializar un gran acuerdo que, junto con llevar paz a las familias de los presos, refuerce la esperanza de que podemos construir un futuro mejor entre todos.

Sergio Muñoz Riveros