La democracia está sometida a diferentes tensiones. Una de las más importantes es la preocupante tendencia a la polarización. El enfrentamiento constante entre los polos dificulta el buen funcionamiento institucional y la adopción de los cambios necesarios, ya sea para resolver problemas o para construir soluciones en lo económico social y en la seguridad.

La polarización es un mal de la democracia y explica en parte el estancamiento que produce en los países donde se manifiesta con fuerza. Los conflictos son parte de la vida en sociedad, pero el desafío es no quedarse aprisionado en ellos.

La buena política implica que el gobierno debe cumplir un rol principal, este es el gobernar y hacerlo, en lo posible, bien. Esto supone necesariamente actuar con una visión de Estado, con un sentido de urgencia responsable, para lo cual no puede estar esclavizado a ideologismos apartados de la realidad.

La misma buena política obliga a la oposición a entender que su rol de fiscalización y de potenciamiento de su alternativa no implica mantener conflictos sin solución, cuando estos afectan al país y a los ciudadanos. El principio democrático de la cooperación convoca a buscar y construir acuerdos.

En este marco, es saludable el acuerdo logrado en el caso de las isapres que, como todo acuerdo, implica concesiones de las partes. Los mejores acuerdos son aquellos que no suponen la derrota del otro, sino que similares grados de concesión de las partes, en beneficio del bien común. La ley marco es el resultado de un proceso de discusión muy largo, en el que finalmente los políticos presentes en el Congreso y el Gobierno responden con su aprobación al cumplimiento de su obligación responsable.

Ahora comienza el tiempo en que las isapres deben evidenciar el ejercicio de su responsabilidad social y de cooperación al bienestar ciudadano. Sabemos que esta ley no soluciona todos los problemas de la salud en Chile, pero sí ayuda a trabajar por la generación de un sistema de salud con provisión y responsabilidades mixtas, tanto del Estado como de los privados, así como de nuevas formas de organización.

Para el resto del actual período presidencial, es conveniente abordar la construcción de un nuevo y necesario acuerdo, esta vez sobre las pensiones. Esto debe quedar resuelto en lo fundamental en este gobierno y durante este año. La denominada Comisión Bravo hizo propuestas razonables hace ya una década. Si en todo este tiempo perdido se hubiese construido un acuerdo en torno a esas propuestas, el contenido tendría mayores efectos positivos que los que hoy discutimos como posibles cambios o mejoras.

El país requiere avanzar decididamente en el tema de las pensiones. Para ello, las distintas posiciones, filtradas por la urgencia y la realidad, deben construir un acuerdo. Es el Gobierno, por sus facultades exclusivas, quien tiene que abrir la puerta y la oposición cruzarla por el bien del país. En caso contrario, si la política no lo hace posible, el juicio ciudadano responsabilizará a unos y otros por no avanzar en la materia.

La democracia debe tener capacidad decisional, y eso supone distinguir temas que requieren grados de concordia y acuerdo de otros en que las mayorías se ejercen democráticamente.

El tema de las pensiones requiere de un acuerdo. Este debiera ser el siguiente paso del Gobierno y de las distintas vertientes de la oposición.

Gutenberg Martínez Ocamica
Universidad Miguel de Cervantes