Parlamentarios oficialistas y de oposición se han mostrado contrarios a priorizar la discusión de iniciativas legales en materia económica, bajo el argumento de que la agenda de seguridad no estaría avanzando con la rapidez necesaria. Con ello se le da un portazo al fast track legislativo acordado por el Presidente Boric y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, para agilizar la tramitación de los 21 proyectos de ley que comprende el Pacto Fiscal.

Mientras se arguyen excusas tan propias de un sistema político en el que existen nulos incentivos para la cooperación, parece conveniente considerar qué está ocurriendo al otro lado de la cordillera. En un país aún más polarizado que el nuestro, el Senado argentino actualmente discute la llamada Ley de Bases del Presidente Milei, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

En sus más de 200 artículos, este proyecto comprende una multiplicidad de cambios orientados a modernizar la economía argentina y su marco regulatorio. Primero, avanza en una reorganización estatal y establece un agresivo programa de privatización o capitalización de las empresas públicas. Segundo, reemplaza la ley de procedimiento administrativo existente por una que tiene como pilares la proporcionalidad, eficiencia, confianza legítima, simplificación administrativa y el silencio positivo en materia de permisos, con los que se busca ofrecer mayor certeza y previsibilidad. Tercero, introduce reformas laborales que incentivan la regularización del empleo informal y flexibilizan las condiciones para el desarrollo de pequeños emprendimientos productivos.

Por otro lado, son muchos los cambios propuestos destinados a reactivar la economía y atraer nuevas inversiones. Por ejemplo, se introduce un nuevo marco legal para el otorgamiento de concesiones de obra pública y la explotación de hidrocarburos, además de liberalizar el mercado de gas natural.

Tal vez la propuesta más audaz —y también la que mayor controversia ha generado— es el establecimiento de un régimen de incentivos para grandes inversiones, destinado a favorecer prácticamente cualquier proyecto valorizado en más de 200 millones de dólares, con independencia de si es desarrollado por capitales nacionales o extranjeros. El llamado RIGI establece generosos beneficios cambiarios, tributarios y aduaneros, asegurando, además, una invariabilidad regulatoria en estas materias similar al que antiguamente ofrecía nuestro Decreto Ley N° 600/1974. Igualmente importante, las condiciones y beneficios que este régimen proporciona a inversionistas quedan protegidos por tres posibles mecanismos de arbitraje internacional a elección de ellos mismos.

Muchas de estas propuestas ciertamente han originado numerosas polémicas y recriminaciones en contra del gobierno argentino. Es justo reconocer que el proyecto adolece de vacíos, errores y algunos excesos que podrían terminar siendo contraproducentes. Un ejemplo de esto último es la posibilidad de ordenar la terminación o renegociación unilateral de los contratos y concesiones de obra pública recientemente celebrados, algo que poco contribuye a generar confianza entre inversionistas.

Pero mientras los parlamentarios chilenos piden posponer discusiones económicas, por urgentes que ellas sean, muchos senadores argentinos de oposición están trabajando contrarreloj para sugerir mejoras o alternativas a las propuestas de la Ley de Bases. La pregunta parece obvia: ¿qué debe ocurrir para que los parlamentarios chilenos tomen nota de los esfuerzos que están realizando nuestros competidores regionales para reclamar el título de oasis latinoamericano, ese mismo que alguna vez reivindicábamos con tanto orgullo?

Haríamos bien en considerar que todos estos esfuerzos ocurren en paralelo al cada vez más mediocre desempeño económico de Chile. Nuestro crecimiento en la última década no solo ha sido menor al promedio mundial (2013-2022), sino que en los últimos dos años también es menor al promedio latinoamericano.

Luis Eugenio García-Huidobro
Centro de Estudios Públicos