Cada semana el Gobierno se encarga de recordarnos que su matriz está en la izquierda. No vayamos a confundirnos entre tanto arrepentimiento.

La manera más obvia de demostrar esa vocación será siempre arremeter contra los privados. Hay un guion. Si bien no es la brutal acusación de “chupasangres” de Escalona hace 20 años, el propósito es el mismo: señalar la frontera entre los culpables y los inocentes.

Al Presidente Gabriel Boric los bancos le parecen “coñetes”, porque no están prestando plata. Que las condiciones de pago sean más riesgosas que hace cinco años, que sus directivos deban responder ante los accionistas por créditos impagos; y que los bancos, como toda empresa, se midan por la rentabilidad, no parece tener importancia. Sería una cuestión de mala voluntad.

Reclaman que los gremios no son colaborativos frente a las decisiones que toma el Gobierno. Cuando proponen se llevan portazos. Cuando confían ya no en los acuerdos, sino en el espíritu de la ley, como la gradualidad en “40 horas”, les pasa el camión del Estado por encima.

El premio a la retórica antiempresarial se lo lleva la ministra del Trabajo. “Paguen más”, cuando se prenden las alarmas por la creciente informalidad. Las AFP son un “modelo de negocio” que debe ser reemplazado por uno de “seguridad social” (un modelo de negocio pero estatizado, para apropiarse de las cotizaciones).

Esta semana confesó en el Senado que la indicación sustitutiva que el Gobierno propuso para el proyecto de Sala Cuna (que, desde luego, limita la participación de establecimientos privados) fue la respuesta a la presión de la oposición. Advierte Jeannette Jara que no se le pondrá urgencia. Que el Presidente Boric lo prometiera en Enade no tiene importancia; que el desempleo femenino esté en 9,5% tampoco.

Es cierto que La Moneda cerró bien el problemón de las isapres. Lo hizo no por convicción en un sistema mixto, mucho menos en la libertad de los cotizantes, sino por el pánico de pasar a la historia como el gobierno que empujó un colapso, arrastrando a millones de chilenos. El destino se encargó, al día siguiente, de develar el escándalo del borrado de listas de espera en el Hospital Sótero del Río, poniendo el dedo sobre la profunda llaga que mantiene abierta desde hace décadas la salud pública.

La actuación frente al paro del Puerto de Coronel expresa más que un discurso. El Gobierno se resistió durante semanas a responder a la empresa, que enfrenta casi dos meses de paralización, con graves hechos de violencia de un grupo de trabajadores para bloquear el acceso a las faenas. Y 75 millones de dólares de pérdidas para la Región del Biobío.

La excusa para permanecer mirando al techo desde fines de marzo era que no podían intervenir “entre privados”. Todo bien para regular hasta la respiración en las empresas, pero omisión cuando se trata de cumplir la responsabilidad exclusiva del Estado de garantizar seguridad y, de paso, enfrentar los efectos económicos para miles de familias en esa región.

Cuando se deciden a actuar, lo hacen no sin antes señalar de qué lado están. “Cuando uno genera un conflicto, tiene también que medir las consecuencias”, ha dicho el subsecretario Monsalve. El “conflicto”, fíjese bien, es establecer un protocolo para prevenir accidentes por consumo de alcohol y drogas, una decisión para proteger la vida de los trabajadores.

Uno de los momentos de más descarnada honestidad del Presidente Boric en estos años ha sido aquel en que reconoció que “una parte de mi quiere derrocar al capitalismo”. Y qué son los privados sino intrusos que persisten en impedir que ese sueño se haga realidad.