—Cómo no, Presidenta. Ya me llamó el ministro del Interior. Estamos de acuerdo: hay que acelerar el proceso.

—Ministro: maneje esto con cautela y no acelere nada. ¿Me entiende?.

—Sí, Presidenta. Usted quiere que espere. Pero el jefe de Gabinete me ordenó acelerar las cosas.

—Mire, ministro, aquí la jefa de Gobierno soy yo.

—Por cierto, Presidenta. Pero por ley él es el jefe de Gabinete, mi jefe directo, y es el coordinador entre los ministros.

—Le repito: la jefa de Gobierno soy yo.

La Presidenta corta. Se dice: “¿En qué diablos consiste ser jefa de Gobierno si el jefe y coordinador de los ministros es otro? Debo nombrar ¡inmediatamente! a otro ministro coordinador. Pero, ¿puedo darle a un ministro una instrucción yo o debe ser con el conocimiento previo del jefe de Gabinete? Los reyes ya no gobiernan, reinan. ¿Soy una Presidenta que no gobierna y solo preside? ¿En vez de ser la capitana de la nave no soy su mero mascarón de proa?”.

Mientras se crea el ministerio número 24, de Seguridad, el Gobierno propone (3 de mayo pasado) que el ministro del Interior tenga por ley el rango de “jefe o jefa del Gabinete Ministerial”. Así “será quien realice la coordinación política de los ministros de Estado según las instrucciones que le imparta el Presidente o Presidenta…”. Y “podrá requerir informes a los diferentes ministros y ministras respecto del cumplimiento de las funciones y atribuciones que la ley les entrega, y efectuar propuestas en orden al cumplimiento eficaz y eficiente de las mismas conforme al programa de gobierno” (art. 5). Tras el rechazo de esto en la Cámara, la idea es perseverar.

¿El Presidente deberá gobernar vía su jefe de Gabinete? Este ministro puede exigir informes a los demás ministros acerca de sus funciones y atribuciones propias. Se ocupa de que los demás cumplan. Y tiene la atribución de hacerles propuestas en sus propios campos de acción para que cumplan el “programa de gobierno”. Es decir, monitorea por sí mismo la ejecución del programa gubernamental actuando directamente sobre los ministros. Y evalúa: una de sus atribuciones es “asesorar al Presidente de la República en la conformación de su gabinete de ministros y ministras” (art. 5 d). Es un “superministro”.

La coordinación ya la hace Segpres: “Corresponde al Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República realizar las funciones de coordinación…”, y “propender al logro de una efectiva coordinación programática general de la gestión de Gobierno” (Ley 18.993 art.1 y 2 b) (8/8/90). Se duplica esta función. Y se la amplifica.

El Chief of Staff de la Casa Blanca, por ejemplo, no es un ministro. Sus funciones son más o menos significativas según el estilo de cada Presidente. Un Presidente puede no tenerlo. En cambio, el nuevo jefe de Gabinete tendría atribuciones legales que el Presidente debe acatar. La estructura es rígida.

La desigualdad entre el superministro y los otros ministros es tal que afectará la presión de los partidos por los ministerios. El jefe de Gabinete es la joya de la corona. Su visibilidad ayuda a proyectar un candidato presidencial. Es probable que los partidos de la coalición busquen que el cargo vaya rotando.

El sistema funciona solo en el supuesto de una completa afinidad entre el Presidente y el jefe de Gabinete. Pues se divide el interior del gobierno. Entre jefe de Gobierno y jefe de Gabinete la frontera es borrosa, lo que potencia los conflictos.

En la Convención se discutieron ideas análogas que no fructificaron. Se propuso una “ministra o ministro de Gobierno”, que ejercía “la coordinación política de los ministros de Estado”. Se reflota una idea parecida. Quizá algunos creen que se desatará un proceso evolutivo conducente al parlamentarismo. Primer paso: la figura del jefe de Gabinete que se superpone con la del jefe de Gobierno. Segundo paso: el jefe de Gabinete pasa a requerir, de hecho, apoyo de la mayoría parlamentaria.

Pero si ocurriera eso, no habríamos evolucionado hacia el verdadero parlamentarismo o semipresidencialismo, sino involucionado a nuestro mal llamado “parlamentarismo” (1891-1925). El pueblo elige al Presidente, el gabinete depende del Parlamento y el gobernante no puede disolverlo. No hay, realmente, jefe de Gobierno. El Presidente es un estafermo. Gobiernan asambleas parlamentarias. Se institucionalizaría así lo que nadie quiere: la total irresponsabilidad del Presidente y del Congreso.

Crear un ministro jefe o jefa de Gabinete es innecesario y riesgoso. El Senado, como hizo la Cámara, debiera rechazar la propuesta.

Arturo Fontaine
Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad de Chile