Por cerca de seis años se han extendido las gestiones judiciales destinadas a recuperar un inmueble perteneciente al Poder Judicial, desalojando a “okupas” que impiden que el recinto sea habilitado como el nuevo Juzgado de Letras del Trabajo y Centro de Notificaciones Judiciales de Valparaíso. Ahora, la Corporación Administrativa del Poder Judicial está haciendo uso de una de las modificaciones introducidas en la nueva Ley de Usurpaciones, publicada a fines de 2023. En concreto, el organismo invoca la nueva “medida cautelar real especial”, que permite el desalojo de los ocupantes ilegales en cualquier fase del procedimiento, para lo cual se ha llamado a audiencia para el próximo miércoles 22.

Pero, más allá de la estrategia, lo sucedido es una muestra elocuente del absurdo y de la impotencia que generan este tipo de situaciones en las víctimas. El inmueble fue adquirido por el Estado durante 2018, cuando ya llevaba medio año tomado. Se comenzó pidiendo el desalojo voluntario, situación que no prosperó, por lo que se decidió interponer una primera denuncia por usurpación. Esto permitió identificar, al menos, a dos de los ocupantes. Lo que siguió pareciera ser una historia habitual en estos casos. Teléfonos incorrectos, personajes inubicables, inmigrantes sin registros, intentos de notificación y detención infructuosos, agresiones verbales a las policías, y un largo etcétera. En este contexto, el Ministerio Público optó por no perseverar y la delegación presidencial de Valparaíso por no hacer uso del desalojo administrativo. ¿La consecuencia de esas decisiones? Pues que todo sigue igual, con un recinto que en los hechos estaría siendo administrado por ocupantes ilegales que ofrecen residencia a inmigrantes indocumentados.

En este caso, es el mismo Estado el que sufre las consecuencias de una usurpación ilegal, pero la situación no es muy distinta a la que viven muchos chilenos en la actualidad. De hecho, cabe preguntarse, si al propio Poder Judicial se le vuelve imposible solucionar estos asuntos en tiempo y forma razonables, ¿qué le espera al ciudadano común?

Frente al problema, las opiniones de expertos están divididas, pero todos concuerdan en el mal tratamiento que se le ha dado al caso. Por un lado, nuestro ordenamiento jurídico podría estar al debe en esta materia, con acciones destinadas a recuperar inmuebles que parecieran ser insuficientes. Pero, por el otro, las estrategias adoptadas tampoco habrían sido las mejores, lo que se exacerba con un sistema engorroso que, al menos, debiese ser revisado. Como sea, la seguidilla de incidentes que han jalonado este caso ha de identificar a numerosas personas que han enfrentado situaciones similares. El que en esta oportunidad la víctima imposibilitada de hacer valer sus derechos sea el propio Poder Judicial solo agrega ironía a un episodio que compendia las fragilidades de nuestro Estado de derecho.