La palabra contrarreforma no es la más apropiada para abordar los desafíos que enfrenta la educación chilena. Seguir progresando en este ámbito requiere de una combinación de continuidad y cambio con las reformas realizadas en los últimos gobiernos. Pero eso no significa desconocer que los avances que había venido experimentando gradualmente el país durante un largo tiempo hoy ya no se observan. Es más, ha habido una década de estancamiento. Tampoco resulta sensato desconocer que las reformas implementadas por la segunda administración de Michelle Bachelet, presentadas en su momento como transformadoras de la educación chilena, no han tenido el impacto deseado y, por el contrario, en varios casos han sido un freno al desarrollo del sistema. Incluso reformas como la gratuidad acotada en educación superior, celebradas por algunos por ampliar el acceso a este nivel, tampoco resultan bien evaluadas. En efecto, no ha habido un cambio en la tendencia ya previa de acceso de los sectores más vulnerables a la educación superior, mientras que la enorme inversión que significa para el Estado ha impedido allegar recursos necesarios para ciencia o tecnología, o para fortalecer otros niveles más fundamentales, como la educación inicial. Es preocupante, en este último ámbito, que las tasas de matrícula bruta de los primeros tres quintiles de ingreso de los niños entre 3 y 5 años hayan sido más bajas en 2022 que en 2013.

Y es que dichas reformas, en general, no tocaron las fuentes de los principales problemas de la educación chilena. Una dimensión emblemática de ello es la poca capacidad que ha tenido el sistema para atraer, formar y retener masivamente a personas con las competencias suficientes para desempeñar la labor docente. Una investigación reciente de académicas de las universidades Católica y de los Andes corrobora la baja habilidad de comprensión lectora que tienen los estudiantes de pedagogía, y el poco valor que a estas habilidades entregan los programas académicos. En estas circunstancias, es escaso el aporte que estos docentes pueden hacer a los aprendizajes de niños y jóvenes. La nueva carrera docente no ha logrado atraer suficientes estudiantes con las habilidades apropiadas y tampoco retener a aquellos profesores con mayores niveles de competencias.

Además, esa reforma no hizo nada muy relevante para fortalecer los programas de formación inicial y continua de docentes. Con todo, sí ha significado una importante inversión de recursos, pero de escaso o nulo impacto en los desempeños educativos. Es en este ámbito donde quizás se encuentra el principal desafío del sistema: atraer y retener profesionales que puedan hacer una diferencia en la formación de nuestros niños y jóvenes. Y, simultáneamente, lograr que sus propios procesos formativos sean de gran nivel.

Por cierto, tampoco nadie puede estar conforme con el nuevo diseño de la educación pública. Muchos de los problemas que se esgrimieron para la desmunicipalización se han repetido en la nueva estructura y se han generado otros. Las propuestas que ha presentado el Gobierno agravan la situación, por ejemplo, diluyendo aún más las responsabilidades por la gestión pedagógica. Claro, no se trata de retomar la municipalización como modelo, pero se requieren reformas profundas para enmendar esta mala ley, y no debe descartarse que también municipios que cumplan con ciertas condiciones puedan mantener colegios bajo su administración. Por último, la así llamada Ley de Inclusión, que está a un año de cumplir una década desde su promulgación, debe ser apropiadamente evaluada. No son pocos los aspectos que deberían revisarse, incluyendo las barreras para la creación de nuevos colegios y el funcionamiento del sistema único y centralizado de admisión escolar. Posiblemente no se requiere de una contrarreforma, pero sí de cambios sustantivos y énfasis muy distintos de los que marcaron esas iniciativas.