Muchas veces, la historia, el pensamiento colectivo del país, termina recordando más el legado de “grandes ideas” que deja un gobierno o presidente, y no lo que realmente se hizo por el bienestar de los ciudadanos. Los símbolos terminan pesando más que las obras. Es común que estos símbolos se traten de dejar plasmados en la presentación de grandes reformas y creación de nuevas instituciones. El problema es que esta visión, por lo general, deja de lado la preocupación por el buen funcionamiento del Estado.

Un buen funcionamiento del Estado tiene implicancia en el bienestar de las personas. Esto que parece obvio se olvida muchas veces. Los gobiernos ponen esfuerzo, recursos y capital político en buscar “legados” o “grandes transformaciones”, y muchas veces olvidan que un buen uso del gasto público —el 25% del ingreso del país— no solo puede mejorar la vida de muchos, sino que permite también implementar las mismas ideas por las cuales fueron electos.

Desde la vuelta a la democracia, hemos tenido 8 gobiernos. Las cifras, y un creciente consenso, nos dicen que los primeros de ellos fueron los que más mejoraron las condiciones de vida de los chilenos. Es interesante notar que estos gobiernos, en términos de políticas públicas, se presentaron al país con un número muy acotado de reformas estructurales. Su éxito es justificado en forma importante por una dirección clara y efectiva del aparato del Estado, dirigido de manera eficiente al fin que buscaban.

Tomemos como ejemplo el gobierno del Presidente Frei. En términos de grandes reformas —que requerían un gran esfuerzo y capital político—, destacan la reforma procesal penal y, en menor medida, el aumento de la jornada escolar. Con todo, el éxito de su gobierno también se atribuye a la visión que tuvo de potenciar y ampliar en forma decidida el ámbito de las concesiones. Esta política dio un impulso a la infraestructura nacional. El país tuvo un gran desarrollo en carreteras, aeropuertos y obras sanitarias. Además, el Gobierno marcó un claro y fuerte énfasis en lograr una mayor integración mundial, con marcado sesgo hacia el Asia-Pacífico, permitiendo que Chile se integrara de forma decidida con la región con mayor crecimiento del mundo. Estos logros fueron realizados sin grandes reformas legales, pero sí requerían de una misión y estrategia clara en todo el aparato público.

El aparato estatal no es el mismo que el que teníamos, se ha ido anquilosando y no ha sabido adaptarse a las nuevas realidades y tecnologías. Con todo, esto no es excusa para plantear que el éxito de toda nueva propuesta dependa necesariamente de contar con nuevos recursos y dotaciones. Ante toda nueva política pública, lo primero que debemos hacer es ver qué parte del aparato estatal actual es útil a este fin. Cuando ya identificamos nuestra capacidad actual, debemos identificar los ajustes que esta capacidad requiere —ya sean administrativos o legales— para lograr el fin deseado. Solo al final de este trabajo debemos definir si se requiere de una gran reforma y de un gran aumento en el uso de recursos.

El actual Gobierno partió con la intención de reformarlo todo. Si teníamos un problema con el precio de los materiales de construcción, la solución era hacer ferreterías estatales. Si queríamos priorizar algún sector productivo, debíamos crear un banco de desarrollo; a su vez, si queríamos mejorar nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad, debíamos refundar Carabineros. Un golpe con la realidad ha hecho cambiar la actitud del Gobierno en varios frentes. En minería, se optó por un royalty que profundizaba el vigente, aumentando la recaudación sin grandes cambios. En el litio, se dejó de lado la creación de una empresa nacional y se optó por utilizar lo ya existente en el Estado. En el fomento del hidrógeno verde, o nuevas áreas en la economía, dejó la idea de crear un nuevo banco de desarrollo y se optó por trabajar con Corfo. En temas tributarios, el Gobierno va en la línea correcta al enviar cambios acotados, pero efectivos, para aumentar las capacidades de recaudación del SII. En el escenario actual no parece correcto enviar un cambio estructural a la Ley de Renta, el cual es casi imposible que se apruebe.

La composición del Congreso, los recursos fiscales y el capital político del Gobierno hacen pensar que, para dejar un legado asociado a un mayor bienestar, el Gobierno debe limitar al máximo los grandes cambios legales. El Gobierno debe buscar, con los recursos que actualmente dispone, cómo dirigir el aparato estatal en la dirección de sus fines.

En resumen, el Gobierno se enfrentó a que, para poder avanzar, debe arar con los bueyes que tiene. El desafío ahora es asumir las capacidades dado su escenario, realizar un ejercicio de priorización y de construcción de acuerdos internos, para luego definir una estrategia de trabajo acotada hacia el Congreso y clara hacia el aparato estatal.