El trágico asesinato de tres carabineros en Cañete ha cambiado el eje de la discusión. Y si bien a la fecha nadie ha reivindicado su autoría, presumiblemente todo indica que se trata de un acto terrorista. Si es así, se trataría de uno de los peores que hayamos conocido.

Tal vez nunca sepamos realmente qué ocurrió. O tal vez sí. Lo que es claro es que al Gobierno le significó la aparición de los peores fantasmas. Porque hay que decirlo: esto pudo haber ocurrido perfectamente en el gobierno anterior. O en el próximo gobierno de signo contrario. La pregunta, entonces, es ¿por qué se transforma en un hecho tan significativo, desde el punto de vista político, para este gobierno?

De alguna manera, es paradójico que La Araucanía vuelve a ser la protagonista de hechos no solo trágicos, sino que políticamente tremendamente significativos. Porque el caso de los carabineros asesinados en Cañete es al gobierno de Boric lo que el caso Catrillanca fue al gobierno de Piñera.

En ambos casos los gobiernos no tienen responsabilidad directa. En ambos casos es injusto culpar al Presidente. Pero ambos casos se transforman en hechos emblemáticos para juzgar trayectorias pasadas del oficialismo de turno.

Así, tras lo ocurrido en Cañete, el perro “matapacos” ha vuelto a cobrar protagonismo y se ha transformado en el emblema de todos los males y en el símbolo más claro del octubrismo. Y es ahí, entonces, donde afloran los peores recuerdos de una borrachera colectiva, cuya resaca —tras casi cinco años de ocurrida— sigue estando muy presente.

En momentos en que la ciudadanía permutó la palabra “dignidad” por “seguridad” y la palabra “desigualdad” por “crecimiento”, ha forzado un cambio de las actuales autoridades. Motivado en algunos casos por la convicción y en otros por el realismo político. Pero, en ambos casos, debilitan fuertemente su posición actual.

Está demasiado cerca lo ocurrido. Hay demasiados tuits. Sobran demasiadas fotos.

La prolongada reticencia para recurrir a la legislación antiterrorista en La Araucanía, el uso del término “Wallmapu”, la negativa inicial para declarar el estado de excepción, el intento de Izkia Siches por dialogar con Héctor Llaitul repelido a balazos son muestras palpables de todo aquello.

Pero súbitamente se transforma en algo más profundo…

El simbolismo negativo que el Frente Amplio y el PC adjudicaron a los conceptos de autoridad, el desafío a la institucionalidad, el cuestionamiento sistemático al uso de la fuerza del Estado para combatir el quiebre de la legalidad, hoy se transforman en una pesada carga.

Y si bien ya todo es pasado, en la memoria colectiva sigue muy presente. Y se transforma en un lastre irremediable de cara a lo que viene.

La violencia, el narco y la delincuencia se han transformado en los principales problemas del país. Y más allá del empuje del subsecretario Monsalve y de la propia ministra del Interior, hay poco nuevo en cómo enfrentarla. Es paradójico que leyes que debieron ser aprobadas hace 10 años se discutan recién en el Parlamento.

Por ahora lo que importa es esclarecer el triple asesinato. Saber realmente quiénes y por qué mataron a los carabineros. Mientras tanto, el acto de contrición tendrá que seguir por parte de las actuales autoridades. En especial, mientras no cambien los vientos de la ciudadanía.