Como toda persona con un mínimo de decencia, no puedo sino expresar mi adhesión, sin límites, a las familias de los carabineros asesinados, a sus hijos aún pequeños. Ella se extiende a decenas de miles de funcionarios policiales —Carabineros y la PDI— que día a día van a la calle a enfrentar la ola de violencia que sacude al país. A sus mujeres y padres por la angustia cuando los ven salir diariamente a cumplir sus funciones y quedan con el temor de que en una esquina, un camino rural, al hacer un control o intentar el respeto de una norma, reciban un disparo que les cause la muerte.

Pero sin disminuir la gravedad de la situación, es necesario salir de condenas para centrarse en la responsabilidad de los gobiernos, la sociedad civil, las instituciones.

En 2020, al asumir el actual general director, según sus expresiones (abril de 2024), Carabineros “estaba en el suelo”. El alto mando había sido diezmado con el paso a retiro, entre diciembre de 2018 y la asunción de Yáñez, de no menos de 25 generales. Como consecuencia de la inacción de sucesivos gobiernos, su equipamiento era ruinoso. En 2019 la dotación antidisturbios en todo el país alcanzaba a 1.800 efectivos, de los cuales 800 estaban destinados a la Región Metropolitana (una ciudad de cuatro millones) y contaba con un puñado de antiguos carros lanzagua, de los que no más de siete estaban operativos (general Vidal, diciembre de 2019). La moral de la institución no estaba mejor, con su prestigio desplomado desde un 72% de aprobación en 2015 a un 35% en 2019.

A su vez, la sociedad civil —por períodos largos y no solo el infame “perro matapacos”— se había dejado seducir por la violencia. Así, en 2019 hubo mediciones en que más del 70% de la población apoyó “el estallido” y durante meses ese respaldo (Cadem, Pulso, Criteria) se mantuvo en torno al 65%. A ello se agregó que sectores de izquierda sucumbieron al “folklore” de que un Estado democrático supone una policía débil. La derecha, aunque no se sumó a esa retórica, en los hechos ajustó su acción a ese criterio, como lo prueba el deterioro de la infraestructura policial en períodos que antecedieron al actual gobierno.

No cabe duda de que Carabineros está hoy en un mejor pie. Hoy el personal en las Fuerzas Especiales no es de dos mil, sino de siete mil funcionarios. La flota de carros para el control de disturbios es moderna y, en número, la mayor en décadas. Está en ejecución la renovación de su parque vehicular, cuya mitad estaba obsoleta. Y no solo ha cambiado la infraestructura de Carabineros, sino la sociedad civil, que ha variado hacia un rechazo a la violencia, que ubica a la seguridad como la principal demanda ciudadana y a Carabineros y la PDI como las instituciones más respetadas (un 84% de valoración positiva). A su vez, las postulaciones a la Escuela de Formación de Carabineros, que era de 17.000 personas en 2018, que en 2021 cayó a menos de la mitad (7.000), este año han vuelto a superar el número de 17.000.

Pero no solo se trata de mejores recursos materiales, sino de una revisión de los protocolos para el control de disturbios; establecer como prioritaria la formación de las policías en el respeto de los derechos humanos; la extensión de los cursos de formación de dos a cuatro semestres. Es innegable que el uso de la fuerza por Carabineros está muy distante de lo acontecido en el tiempo del “estallido” (Operación Huracán; asesinato de Catrillanca; daños oculares, y otros) y así lo muestra el descenso en el número y gravedad de las lesiones registradas en manifestantes y violentistas.

Vivimos un período marcado por la rabia y el dolor, particularmente en Carabineros y sus familias; sentimientos que el país comprende y respeta. Pero ellos no deben ser la base de acciones y políticas, porque conducirían a errores o a revertir avances. Los crímenes que nos conmueven deben reforzar en el Estado la idea de que la democracia supone una policía fuerte, eficiente, que disponga de medios disuasivos y represivos del mejor nivel y cuya doctrina rechace la falacia de que el resguardo del orden público encuentra un obstáculo en el respeto de los derechos humanos.

Ya se trate de la lucha contra el terrorismo, del control de disturbios o del combate a los narcos, las policías más eficientes del mundo se ubican en Estados con democracias avanzadas que, en su accionar, aseguran tanto la eficaz represión del delito como el respeto de los derechos de las personas. Por el contrario, el empleo de medios excesivos tiene efectos negativos sobre la sociedad, como son la creación de simpatía hacia los violentos y el desprestigio de las policías.

En el plano de la discusión pública debemos evitar la polémica de emplazamientos, muchas veces manchados por el doble estándar y, sobre todo, el afán de usar estos actos deleznables como armas en una lucha política mediocre.

Genaro Arriagada