El atentado terrorista contra tres carabineros es el más horrendo de tantos otros crímenes de que han sido víctimas las fuerzas de orden y seguridad en cumplimiento de sus deberes. Los brutales asesinatos evidencian postergadas falencias del Estado para garantizar la seguridad de la población, que supone, como punto de partida, proteger a los encargados de imponer la ley y el orden, y dotarlos de los medios materiales y jurídicos para defenderse.

Por años se tramita en el Congreso la creación del Ministerio de Seguridad Pública, separando esa función del Ministerio del Interior. Por más de quince años la ley antiterrorista ha caído en desuso por resistencia para hacerla cumplir. Comprobamos que la Agencia Nacional de Inteligencia es irrelevante para anticipar las amenazas a la seguridad interior del Estado. Por incerteza jurídica en las eximentes de responsabilidad penal y prejuiciadas interpretaciones de determinados jueces y fiscales sobre el legítimo uso de la fuerza y legítima defensa, policías y militares terminan injustamente destituidos, acusados y condenados.

El atroz asesinato de los tres carabineros ha causado conmoción y solidaridad nacional con las víctimas, sus familias y Carabineros de Chile, y justificada presión al Gobierno y el Congreso para legislar y dar tranquilidad a la población, policías y uniformados de que se dispone de medios idóneos y suficientes para combatir la criminalidad.

Es impropio afirmar que se legisla a matacaballo cuando las iniciativas legales se arrastran por décadas, se conocen modelos probados en otros países y se dispone de larga experiencia de falencias al respecto. Lo que ocurre es recuperar el tiempo perdido.

No basta con la dictación de leyes, habrá que ponerlas en práctica. Si bien la tipificación de delitos, eximentes, agravantes y atenuantes es de aplicación inmediata, organizar un nuevo ministerio toma tiempo y establecer un sistema de inteligencia puede tardar años en formar especialistas, establecer redes de información y capacitar analistas.

Hay escepticismo sobre las legislaciones en proceso y su correcta aplicación. Su aprobación requiere del concurso de quienes promovieron, justificaron e indultaron la violencia, mientras perseguían a militares y policías, y transformarlos desde víctimas a victimarios. Son los mismos que ahora patrocinan mociones que introducen abstrusas condiciones y procedimientos en las reglas de uso de la fuerza (RUF), que impiden la legítima defensa, que exponen a los uniformados y policías a injustas condenas, y que dificultan otra vez la legislación antiterrorista.

Nos preguntamos, ¿cuántos más policías y militares habrán de morir o ser injustamente condenados en cumplimiento de sus deberes antes que el Gobierno y el Congreso reaccionen y contribuyan con leyes eficaces para lograr la seguridad de los ciudadanos y de los encargados de garantizar la ley y el orden?