Ha sido históricamente difícil reformar el sistema notarial y registral del país. El Presidente Sebastián Piñera presentó, el 3 de septiembre de 2018, un proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados el 7 de enero de 2020, y fue despachado al Senado. Desde esa fecha hasta marzo de 2022 en 36 oportunidades tuvo suma urgencia, y en 26, discusión inmediata, para asegurar su progreso. Pero no se tramitó, incumpliendo el mandato constitucional.

¿Por qué? Por la oposición de algunos interesados en la mantención del statu quo, sus privilegios y el rentable monopolio de la fe pública en quienes poseen los cargos. Un sistema que, si bien ha preservado en lo sustancial la fe pública en sus actuaciones y donde algunos notarios y conservadores han adoptado cambios tecnológicos, impide la fluidez del quehacer privado y constituye una pesada carga para los ciudadanos, que necesitan un servicio accesible, rápido y de bajo costo.

La iniciativa elimina la discrecionalidad en los nombramientos; mejora la escasa fiscalización del ejercicio de sus funciones; aumenta la oferta de ministros de fe pública; incluye normas de transparencia y probidad; incorpora la tecnología digital en los registros y el sistema (complementada con la que moderniza la firma electrónica avanzada, también postergada); exige auditorías externas; reduce los costos; termina con los notarios vitalicios, y desnotariza exigencias legales de autorización.

El gremio dijo estar abierto a la modernización, pero con objeciones, siendo la principal el aumento de la oferta de ministros de fe pública. El proyecto distingue en los servicios notariales: llevar los registros de asuntos de alta relevancia, de la autorización de trámites menores (“de mesón”). Lo primero, por seguridad jurídica, reservado al notariado; para lo segundo, si bien pueden administrarlo las notarías, crea un nuevo ministro de fe, los “fedatarios”, que pueden certificar esos trámites, facilitando el acceso social al servicio.

Un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, de 2018, detectó que en el 86% de esos trámites las personas señalaban jamás haber tenido contacto con el notario, pues estos los realizan empleados suyos, los ministros de fe en la práctica. La participación de fedatarios en tales autorizaciones fue rechazada en el notariado, argumentando que se debilitaría la fe pública.

No es consistente. Los fedatarios, que son una categoría especial de notarios, deben cumplir las mismas exigencias que estos para ser nombrados y en materia de fiscalización, transparencia, probidad, auditoría y otras, solo que no pueden llevar registros públicos. Más aún, la Cámara, para darle más facilidades a la gente, agregó como fedatarios públicos a los oficiales del Registro Civil y a los secretarios municipales, cobrando solo el arancel mínimo.

Así se facilitaban las autorizaciones de fe pública, reduciendo costos y demoras, en forma tecnológica y descentralizada. Solo beneficios que han sido resistidos.

Una explicación puede estar relacionada con el aludido estudio de la FNE que acreditó ingresos promedio mensuales de los notarios (2015-2017) de $14.000.000 en notarías sin oficios mixtos y de $12.000.000 con ellos. En dinero de hoy, 19,5 millones o 16,7 millones, según el caso. La FNE propone renovar el sistema abriendo la oferta, lo que recoge la iniciativa. Puede decirse entonces que el rechazo se fundaría en el temor a la competencia, algo injustificable, pues se trata de un servicio público y no de una mera actividad particular.

El actual gobierno del Presidente Gabriel Boric le otorgó al proyecto urgencia simple en abril de 2023, y desde diciembre, suma urgencia, logrando que el proyecto avance. La comisión, presidida por la senadora Ebensperger y ahora por el senador De Urresti, se puso a trabajar. ¡Chapeau!

Entretanto, se aprobó una ley que desnotarizaba el sistema, que presentamos en su momento. La mayoría de los objetivos del proyecto se ha mantenido, y algunos han sido favorecidos con indicaciones del Ejecutivo (aunque lamento la que excluye al Folio Real, que mejoraría sustancialmente los registros catastrales de la propiedad). Sin embargo, en esta reactivación la comisión acordó eliminar a los fedatarios (públicos y privados), causando un grave retroceso.

Creemos que este acuerdo es un error, y el temor a que los fedatarios no darían certeza jurídica se debe asumir perfeccionando el mecanismo, y no cercenando la oferta de fe pública a las personas. Esto se debe revisar, pues la iniciativa procura no solo configurar un sistema notarial y registral moderno, altamente tecnológico, que confiera certeza jurídica y facilite la actividad productiva del país, sino uno que esté al servicio de la gente y no de quienes lo administran.

Hernán Larraín Fernández
Programa de Reformas a la Justicia UC