En Chile vivimos una verdadera crisis habitacional. Según los últimos datos de Casen Vivienda, 552 mil familias necesitan con urgencia de una vivienda. Familias que lo están pasando muy mal, en situación de allegamiento, hacinamiento o de campamento, estas últimas probablemente la cara más dura de esta crisis cuya superación debe ser motivo de unidad nacional. Ningún sector puede ser indiferente a esta realidad que nos interpela como sociedad y para la que todos debemos aportar.

En julio de 2022, el Presidente Gabriel Boric presentó el “Plan de Emergencia Habitacional”, desarrollado por el Minvu, y que tiene entre sus principales objetivos entregar 260 mil viviendas durante el período de gobierno. A marzo pasado, hemos terminado 114.607 unidades, que equivale a un 44,1% de avance. En tanto que otras 119.518 viviendas están en ejecución y 82.370 más están por iniciar, con proyecto y recursos aprobados.

Desde un inicio dijimos que se trataba de una meta sumamente desafiante, que significaba aumentar el ritmo de producción de viviendas con apoyo del Estado, el que venía decreciendo en los últimos años y, además, con vientos en contra, con un sector construcción aún muy afectado por efectos de la pandemia, con muchas empresas al borde de la quiebra, una fuerte alza en el costo de los materiales y altas tasas de los créditos.

Al iniciar nuestra gestión, implementamos una serie de medidas, trabajadas con los gremios, para apoyar a las empresas constructoras y lograr que muchos proyectos que estaban paralizados e incluso renunciados pudieran retomar las obras. Impulsamos también diversas acciones, incluyendo una muy importante agenda legislativa, que nos han permitido ir destrabando y acelerando procesos. Asimismo, desarrollamos una fuerte gestión para robustecer el Banco de Suelo Público, que nos ha permitido reunir las hectáreas necesarias para completar las metas del plan y, además, anticiparnos y dejar disponibles suelos para una más rápida ejecución de futuros proyectos.

Pero superar el déficit habitacional es un esfuerzo de más largo aliento, que va más allá de lo que es posible hacer en una o dos administraciones. Por eso hemos trabajado también en dejar las capacidades instaladas, implementar políticas estructurales para que, de manera sistemática, se aceleren los procesos de construcción de viviendas de interés social. Por ejemplo, hemos introducido nuevas e innovadoras líneas a nuestra política habitacional, como el Programa de Autoconstrucción e Industrialización, el Sistema de Ejecución Directa Serviu, Arriendo a Precio Justo o Vivienda para Trabajadoras y Trabajadores.

Estamos conscientes de las dificultades y seguimos trabajando sin descanso para avanzar en los objetivos del Plan de Emergencia Habitacional. Tenemos la obligación de encontrar e implementar respuestas para alcanzar sus metas. Pero debemos comprender que lograrlas depende también de cómo todos, desde nuestros respectivos ámbitos, contribuimos con ellas. De alcanzar el éxito, la satisfacción de que 260 mil familias accedan a algo tan fundamental para la vida como una vivienda, no será solo del Gobierno, sino que de todos los chilenos y chilenas, de todos los sectores, que seguimos comprometidos con un Chile más justo y próspero.

Carlos Montes Cisternas
Ministro de Vivienda y Urbanismo