Señor Director:

El alevoso asesinato de tres carabineros en el día del aniversario institucional ha producido una profunda reacción en la ciudadanía, que esperamos sea base de un punto de inflexión para que el sistema político reaccione y haga frente a la gravísima crisis de seguridad nacional.

La agenda legislativa de seguridad es uno de los ámbitos en que se debiera manifestar ese punto de inflexión, con sentido de urgencia. Es la oportunidad para que aquellas autoridades de gobierno que en el pasado denostaron a Carabineros y relativizaron la violencia demuestren que su cambio de discurso implica también un cambio de actitud.

En ese contexto se advierte un aparente consenso en priorizar el proyecto que eleva a rango legal las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), proyecto de ley que adolece de graves deficiencias, pues confunde el uso de la fuerza con el control del orden público, no distingue entre los distintos momentos del control del orden público (resguardo, mantenimiento y restablecimiento), como así tampoco se hace cargo de situaciones que exceden la categoría de orden público, como es el enfrentamiento con grupos armados, sean terroristas o de crimen organizado.

El proyecto de ley en cuestión, de no ser cuidadosamente corregido, lejos de dar garantías y certezas a las Fuerzas Armadas, a Carabineros y a la PDI, podría representar un serio retroceso, pues condiciona la eximente de responsabilidad contemplada en el Código Penal (art.10, N°10), debilita las normas que regulan el uso de la fuerza establecidas en el Código de Justicia Militar para Carabineros y desdibuja la defensa legítima privilegiada consagrada en la Ley Naín Retamal.

Luis Pardo Sáinz
Director ejecutivo Instituto Libertad