Un reporte de la organización Déficit Cero deja entrever que la meta del plan de emergencia habitacional promovido por la actual administración podría incumplirse. Hay que recordar que se anunciaron 260 mil viviendas a entregarse durante los cuatro años de gobierno. Pero transcurrida la mitad del período, el número de terminadas alcanza a casi 110 mil, es decir, un 42 por ciento de esa meta. Esto, a pesar de que el reciente fue un buen segundo año, con un poco más de 67 mil viviendas terminadas. Lamentablemente, como el primer año había sido lento, ahora, aunque la cantidad de viviendas que se terminen en los dos últimos años de este gobierno sea similar a la del segundo, el número que se alcanzaría a marzo de 2026 sería de 16 mil menos que el objetivo prometido.

Sin embargo, la situación puede ser más compleja aún. La posibilidad de repetir los números del segundo año se ve difícil. Ello, porque las viviendas iniciadas bajo los dos programas principales que conforman el plan de emergencia habitacional —Integración Social y Territorial (DS 19) y Fondo Solidario de Elección de Viviendas (DS 49)— han estado muy por debajo de los niveles necesarios para acercarse a la meta anual que posibilitaría cumplir el plan. En efecto, en el primer año, ambos programas habrían iniciado 19 mil viviendas menos de las indispensables para acercarse al objetivo, y en el segundo, del orden de 17 mil. Hay, a su vez, dos programas que han sobrecumplido sus metas específicas, pero son pequeños y escalarlos para ayudar a cerrar la brecha seguramente no producirá los resultados deseados.

Por cierto, los incumplimientos son especialmente notorios en algunas regiones, como las del norte. De este modo, cerrar las diferencias supone un esfuerzo más acotado que si el problema se repitiese en todo el territorio. Pero las capacidades de gestión del Estado en esta materia no han sido particularmente efectivas. De hecho, sorprende que el desafío implícito en la implementación de los dos programas principales no se haya abordado con una gestión mejor pensada desde el inicio, a sabiendas, además, de que los problemas “estructurales” a los que el ministro Montes responsabiliza del atraso —incremento del valor del suelo, costo de los materiales y dificultades de acceso al crédito, entre otros— ya estaban presentes al inicio del Gobierno.

Es evidente que se requieren otras formas de organizar el Estado cuando se plantean metas de esta naturaleza. Pero, además, deben revisarse los instrumentos que se utilizan. Uno de los desafíos principales que tiene la gestión del Estado es cómo escalar sus iniciativas para cumplir objetivos específicos y, al mismo tiempo, dar cuenta de situaciones diversas. Las particularidades de la demanda de vivienda son, en esta dimensión, un caso emblemático y la política de vivienda no parece haberse adaptado suficientemente bien a esta realidad.