La ley corta de isapres, que tendría por misión darle continuidad al sistema de salud, inició su tramitación tardíamente y ahora, a punto ya de concluir el período otorgado por la Corte Suprema, no se ha alcanzado ninguna definición. Tal como se había pronosticado, las disposiciones adoptadas por el Senado no iban a resultar aceptables para la Cámara y, viceversa, lo que finalmente aprobaron los diputados ha sido rechazado por los senadores. A dos semanas de que se cumpla el plazo para poner en efecto el controvertido fallo de la Tercera Sala, todas las decisiones de importancia han quedado en manos de la comisión mixta, la cual, para hacer las cosas aún más difíciles en el actual clima polarizado de la política, registra un empate entre el oficialismo y la oposición, con cinco votos por cada lado.

El origen del problema se remonta a un fallo de noviembre de 2022, que consideró que las isapres debieron haber adoptado la tabla de factores elaborada por la Superintendencia de Salud en 2019, y en consecuencia, debía recalcularse lo que habían cobrado y devolver el dinero que pudieran haber recibido de más. La Superintendencia prontamente dijo que las isapres deberían pagar 1.400 millones de dólares a sus usuarios, lo que naturalmente significaba la quiebra del sistema. Con esos datos se sintieron favorecidos muchos partidarios del Gobierno, cuyo programa se había propuesto eliminar las isapres. Por su parte, con calma aparente que bien pudo deberse a discusiones internas, el Ejecutivo no envió proyecto alguno sino hasta cinco meses y medio después, pese a que la Corte había otorgado inicialmente un plazo de seis meses para que el fallo se cumpliera.

Hace exactamente un año, cuando todavía no se enviaba ninguna propuesta, se recogían expresiones de molestia por la falta de claridad que existía tanto respecto de la magnitud de la deuda como de la fórmula de pago y, especialmente, de las consecuencias que todo ello acarrearía. Un año más tarde, solo parece haberse aclarado bastante la magnitud del impacto que tendría la desaparición de las isapres para sus afiliados —devastadoras en el caso de quienes ya han contraído una enfermedad crónica—, para la red de prestadores privados y, por cierto, para los beneficiarios del sistema público, que se vería inundado de nuevos pacientes, pese a sus ya significativos tiempos de espera por una atención.

No debe olvidarse que, pese a las dificultades que ha encontrado en su tramitación, se trata solo de una ley corta, lo que hasta ahora se había entendido como algo de fácil despacho, que ofrece soluciones transitorias para problemas que debieran resolverse más adelante con una ley de fondo. Pero en cuestiones de salud, las discrepancias son de una envergadura tan amplia que no se logran mayorías claras en ninguna de sus dimensiones. Es francamente inquietante que cueste tanto llegar a acuerdos en este campo, puesto que las divergencias las pagan los enfermos, con atenciones postergadas o no entregadas, lo que en muchos casos significa perder finalmente la vida. Las cifras del Ministerio de Salud indican que 75 mil chilenos han fallecido en listas de espera en los últimos dos años, y ese problema bien podría agravarse de no encontrarse una solución a la crisis de las isapres.