El deterioro de nuestras cuentas fiscales ha sido un proceso lento que ha acompañado al país por más de una década. En 2007, la deuda bruta alcanzaba el 3,9% del producto, mientras la deuda neta —esto es, considerando los activos del Tesoro Público y el endeudamiento en formas no reflejadas en cuentas del gobierno central— llegaba al -7,6%; en otras palabras, el gobierno central era un acreedor neto. De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales, las deudas bruta y neta alcanzaron en 2023 el 39,4% y 34,4%, respectivamente. Esta peor situación fiscal es un lastre para nuestra economía y se ha manifestado, por ejemplo, en caídas en nuestra calificación crediticia por las tres mayores agencias del mundo.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha alertado constantemente respecto de los desequilibrios fiscales. Y en su último informe ante la comisión especial mixta de Presupuestos, destaca que nuestra situación financiera muestra estrés a corto y mediano plazo.

Una de las preocupaciones es la tendencia que ha mostrado el balance estructural (BE), pilar de la política fiscal. En términos sencillos, este se define a partir de la estimación de los ingresos del gobierno central, ajustándolos por el ciclo económico. Luego, el gasto público se determina y autoriza en función de dichos ingresos.

En particular, el CFA alerta que, si bien los resultados del balance estructural (BE) mostraron un superávit de 0,2% del PIB en 2022, luego, en 2023, la cifra se revirtió, alcanzando un déficit preocupante de 2,6% del PIB. Este es un empeoramiento que requiere la atención de la autoridad. El cambio, además, incluye la utilización de activos del Tesoro Público durante 2023 por un punto del producto. Adicionalmente, el Consejo plantea que si se hubieran considerado sus sugerencias metodológicas, en cuanto a identificar la parte permanente de los ingresos del fisco, los resultados del BE hubiesen sido -0,3% el 2022 y -3,6% el 2023.

Frente al intento del Ejecutivo por construir un relato en torno a la normalización de las cuentas fiscales luego de los esfuerzos extraordinarios por la pandemia, esta advertencia y tales cifras deben llamar a la reflexión. Solo en materia de pago de intereses de deuda, el CFA plantea que estos alcanzarán un 5,2% del gasto total en 2025. Además, sus ejercicios de simulación alternativos indican aumentos en la deuda bruta por sobre su nivel prudente. Es por ello que enfatiza la importancia de actuar con precaución frente a posibles riesgos macroeconómicos que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal. Todo lo cual lleva a concluir en la necesidad de esfuerzos mayores.

Así, el CFA ha propuesto que el Gobierno y el Congreso tomen medidas concretas. Entre ellas, insiste en la necesidad de cumplir estrictamente las metas de BE, donde se requiere reducir el déficit estructural a 1,9% del PIB en 2024; 1,1% en 2025, y 0,5% en 2026, y mantener un BE en equilibrio a partir de 2027. Esto último significaría una meta más exigente que el déficit de 0,5% planteado por la Dirección de Presupuestos.

También se recomienda retomar la tramitación del proyecto de responsabilidad fiscal y fortalecer la institucionalidad. Además, se sugiere buscar fuentes permanentes de financiamiento —resaltando la importancia del crecimiento económico a estos efectos— y reconstruir gradualmente el Fondo de Estabilización Económica y Social. El CFA reitera también recomendaciones formuladas desde septiembre de 2023, pero aún no acogidas o en evaluación. Estas incluyen una advertencia sobre los riesgos de una descentralización sin normas efectivas para asegurar sostenibilidad fiscal agregada y el monitoreo del endeudamiento público en formas no reflejadas en la deuda bruta del gobierno central.

Este análisis técnico representa un aporte esencial que debe fomentar la disciplina fiscal, y pone en contexto tanto la realidad económica como el relato que surge desde la autoridad.