Se trataba de un proyecto de ley respecto de los “perros asilvestrados”, que buscaba catalogarlos como “especie exótica invasora” y que en su artículo 1º los caracterizaba como todo aquel perro que ha nacido en o ha vuelto a su estado salvaje, viviendo sin supervisión o control directo de seres humanos, haciendo esto que actúe de manera agresiva ante la presencia de personas, llegando a atacar a animales domésticos y fauna silvestre a lo largo de Chile.

El texto planteaba que sería de competencia del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero, disponer de medidas de control específicas mediante la dictación de un reglamento especial, que considerara procedimientos para prevenir o contrarrestar los riesgos de los perros asilvestrados, por medio de: a) Captura; b) Castración o esterilización, para un control poblacional; c) Desarrollo de planes de instalación de cercos de seguridad de predios; d) Rehabilitación y adopción, según las características del animal y la capacidad de los organismos pertinentes; e) Creación de estrategias y políticas públicas para evitar los daños de perros asilvestrados en la salud de las personas, en la ganadería y en la biodiversidad, con especial énfasis en la protección de la fauna nativa, y f) Evaluaciones periódicas de las medidas implementadas para el control de las poblaciones de perros fuera de los núcleos urbanos, con datos accesibles para toda la población.

En este contexto, se prevenía que quedaría exento de responsabilidad penal, conforme al artículo 291 bis del Código Penal, quien actuara en defensa propia, de otras personas o de animales que estuvieren siendo atacados por perros asilvestrados.

La autoridad competente podría disponer, además, medidas de promoción de adopción de seguros para el sector agropecuario, enfocados en la agricultura familiar campesina, a fin de compensar los daños provocados por canes asilvestrados.

Pero en Sala de la Cámara de Diputados el proyecto recibió 99 votos en contra, 19 a favor y 21 abstenciones, lo que implicó un amplio rechazo.

Entre quienes votaron en contra estuvieron los diputados Francisco Undurraga, Ana María Gazmuri, Carlos Bianchi, Alberto Undurraga, Carmen Hertz, Andrés Jouannet, Gonzalo Winter, Andrés Celis, Lorena Fries, Diego Ibáñez, Gael Yeomans, Maite Orsini, Helia Molina, Erika Olivera, Karol Cariola, Daniela Cicardinni, Andrés Longton, Álvaro Carter, Tomás Lagomarsino, Carolina Marzán y Emilia Schneider. A favor votaron, entre otros, Jorge Alessandri, René Alinco, Chiara Barchiesi, Harry Jürgensen, Christian Matheson, Luiz Sánchez, Johannes Kaiser, Guillermo Ramírez y Cristóbal Urruticoechea. Se abstuvieron Gonzalo de la Carrera, Ximena Ossandón y Diego Schalper.

Por cierto, fue la ideología animalista la que, en definitiva, se impuso en esta votación, ya que no puede considerarse que los perros asilvestrados o salvajes sean excluidos de la llamada “ley Cholito”, de 2017. Dicha ideología animalista parece negar el que estos animales pueden causar graves perjuicios a la fauna silvestre, a los agricultores y ganaderos e incluso atacar a seres humanos. Se trata de una descalificación absurda y contradictoria: en nombre del animalismo se impide actuar respecto de una situación que precisamente está causando las muertes de numerosos animales, como pudúes, guanacos, jabalíes, coipos y liebres, vacas, caballos y gallinas, corderos, cabras, potrillos y terneros. Esto, además de comerse los huevos de las aves, impidiendo su reproducción.

Sorprende que diputados y diputadas de regiones donde este fenómeno está causando graves daños a sus habitantes y a los ecosistemas no hayan tenido el coraje de aprobar esta ley. Una iniciativa como esta no debió haber sido rechazada. Más aún, debió ser aprobada con una mayoría de votos que, lamentablemente, no se dio.