La independencia judicial es requisito del debido proceso, pilar fundamental del sistema de control cruzado de los poderes del Estado y, consecuentemente, base del Estado democrático de Derecho. Cuando abogamos por la independencia judicial, lo hacemos en protección de las personas, de sus derechos individuales y colectivos, y en resguardo de un sistema político que proteja efectivamente a las personas y su potestad de elegir, supervisar y hacer responsables a las autoridades por sus actuaciones.

En ese contexto, los procesos de elección de altas cortes son un espacio crucial para evaluar y asegurar nuestros derechos, la seguridad pública y nuestras democracias. La regulación y materialización de estos procesos es de interés de toda la sociedad, que debe estar informada y colaborar con garantizar su rigor y seriedad.

Las Misiones Internacionales de Observación (MIO) de elección de Altas Cortes en América Latina son iniciativas ciudadanas locales que, con el apoyo de Due Process of Law Foundation, tienen el objetivo de promover que los procesos de selección se rijan por los estándares internacionales y buenas prácticas en materia de independencia judicial, transparencia y acceso a la información. Además, busca evaluar el grado de compromiso de los órganos responsables de llevar a cabo el proceso de selección con sus propias normativas. El programa de las MIO en su actual formato se ha desarrollado en Honduras, y se encuentra en actual ejecución en Ecuador y Perú.

El proceso de nombramiento de titulares e integrantes de la Corte Suprema de Justicia en Chile fue objeto de debate en los recientes procesos constitucionales, y ha sido cuestionado con motivo de investigaciones criminales abiertas hace algunas semanas. Somos de la opinión que —incluso dentro de su actual diseño, que debiera revisarse— este proceso debiera hacer uso de principios y estándares internacionales para avanzar en calidad, control democrático y legitimidad. En nuestra experiencia, algunos estándares mínimos que debieran tenerse en consideración son: 1) elección en base al mérito y las capacidades; 2) transparencia y publicidad; 3) participación ciudadana efectiva, y 4) igualdad de género e inclusión.

La elección en base al mérito y las capacidades requiere que exista un perfil detallado de magistrado del tribunal superior, previamente establecido y publicado, más allá de los requisitos formales e impedimentos legales, el que debiera ser una guía para el trabajo objetivo de los órganos seleccionadores.

La transparencia y publicidad demandan, a su vez, varios requerimientos:

a) Contar con una normativa estable y detallada, con amplia difusión, que regule el proceso de evaluación y selección, junto a las facultades y responsabilidades de sus actores, así como las vías recursivas; b) órganos de preselección y selección autónomos del poder político (independencia externa) y de la autoridad judicial y de los gremios judiciales (independencia interna); c) publicidad de y acceso a los expedientes de las personas concursantes, con protección de sus datos personales y sensibles; d) audiencias públicas para evaluar las capacidades de quienes postulan y conocer sus visiones sobre cuestiones relevantes para el cargo; e) un sistema de inhabilidades por conflictos de interés para los integrantes de los órganos involucrados, y f) fundamentación de las decisiones por parte de los órganos involucrados. En el caso del Senado, se debiera fundar individualmente cada voto en comisión y sala.

Una participación ciudadana efectiva debiera constituir a la sociedad civil especializada en coadyuvante de los órganos estatales, constatando que no existan impedimentos legales y verificando lo afirmado por los postulantes en sus presentaciones, currículos y audiencias públicas. Para ello se debe contar con mecanismos formales para la recepción de observaciones y para su investigación, considerando plazos suficientes para hacer efectiva dicha colaboración.

Finalmente, el proceso y su convocatoria debieran diseñarse de modo que se faciliten activamente la participación y selección igualitaria de mujeres, personas con discapacidad, minorías y profesionales de regiones y provincias, cumpliendo por supuesto con los requisitos y perfil establecidos. La búsqueda de la paridad de género y la apertura de los concursos de la Corte Suprema, con el objetivo de integrar a las personas más adecuadas, sin distinguir entre internas o externas a la judicatura, son dos cuestiones que requieren considerarse prontamente.

Es verdad que el país enfrenta varios debates urgentes. Pero lo importante no debe ser postergado por lo urgente. Es importante la observación y el perfeccionamiento del diseño e implementación del proceso de selección de los titulares e integrantes de la Corte Suprema. El desafío es avanzar en calidad, transparencia y control democrático, profundizando, a su vez, en independencia judicial.

Jaime Arellano
Secretario ejecutivo Misiones Internacionales de Observación y ex director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas