El actual Gobierno, como oposición, se mostró inflexible a considerar propuestas de acuerdos de la administración anterior. Sin embargo, ahora busca promoverlos invocando la razón democrática. Es crucial recordar que los acuerdos no son un fin en sí mismos, sino un medio para alcanzar propósitos que ambas partes consideren beneficiosos para el país y alineados con sus respectivas visiones.

En Chile, actualmente prevalecen dos visiones políticas. Por un lado, la del Gobierno, que aboga por una mayor intervención estatal en la economía, incluso con tintes extremos representados por algunos de sus miembros, como el Partido Comunista. Por otro lado, la visión de la oposición defiende la preponderancia de las personas en el progreso social y si bien el Estado cumple siempre un rol, tiene las mismas o peores fallas que los privados, ya que sus decisiones perjudican a todos. Mientras que no existe una sola propuesta en la oposición que crea que el Estado no debe existir, sí hay en el oficialismo quienes creen que el mercado debe desaparecer.

Esta polarización no es exclusiva de Chile; se observa en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, se debaten iniciativas que buscan fortalecer el poder del gobierno central a expensas de los Estados, lo que contradice sus principios fundacionales de descentralización para control del poder. A pesar de esta tendencia, sigue siendo un país donde prevalece la iniciativa privada, lo que se refleja en su dinamismo económico. Por otro lado, Europa tiende a delegar más poder en la burocracia centralizada en Bruselas. A juzgar por los resultados, Estados Unidos es claramente más dinámico.

Volviendo a Chile, ante cualquier propuesta de acuerdo presentada por el Gobierno, la oposición debería mantenerse firme en la convicción de que su visión es la más idónea para abordar los desafíos del país. Esa posición es respaldada por la evidencia histórica y empírica que demuestra que una mayor libertad para buscar soluciones ha generado mayores beneficios para la población y el progreso.

La educación representa un caso paradigmático. Chile solía contar con un sistema mayormente estatal que adolecía de numerosas deficiencias. Al abrirse paso a una mayor participación del sector privado, surgieron nuevas oportunidades de elección y se mejoró la calidad educativa de manera significativa. Sin embargo, gradualmente se instauró la percepción de que el lucro en la educación era inmoral, ignorando los costos asociados a la educación pública y desestimando los logros alcanzados. Es emblemática la declaración del ministro Eyzaguirre respecto a “quitar los patines a los más avanzados”. En la actualidad, la calidad educativa ha disminuido. Es muy difícil establecer nuevas instituciones educativas. El proceso de postulación a los colegios se basa en un algoritmo que, erróneamente, se considera perfecto al ser una respuesta matemática compleja. Esta metodología ignora las múltiples consideraciones y preferencias individuales que influyen en la elección de un colegio. En lugar de promover una mayor calidad, estas políticas han llevado a su disminución y a la disconformidad de muchas personas porque no respetan sus preferencias.

Si hay un área del debate con mayores posibilidades de alcanzar acuerdos, es en el ámbito de las políticas de seguridad. Existe un consenso generalizado sobre el papel preponderante del Estado en este aspecto. Sin embargo, la oposición debe ser cauta, ya que, en el pasado reciente, los miembros del gobierno actual mostraron reticencia hacia el uso de los recursos mínimos por parte de las fuerzas de seguridad para combatir el delito. Esta postura ha resultado en una situación descontrolada de inseguridad que se evidencia en los recientes episodios en todo el país. Garantizar un nivel mínimo de seguridad requiere que quienes mantienen el orden puedan tomar decisiones complejas en periodos de tiempo reducidos, reconociendo la posibilidad de errores. No se puede permitir que la preocupación por posibles excesos injustificados les impida cumplir su rol. Lamentablemente, no queda claro si el Gobierno está verdaderamente dispuesto a implementar estos cambios, más allá de sus discursos y declaraciones de preocupación. La oposición debe tener en cuenta que no debería respaldar medidas que no garanticen su efectividad, corriendo el riesgo de ser cómplice en la validación de políticas que resulten ser infructuosas.

Fallos judiciales, que en la práctica tienen el impacto de decisiones legislativas al darles aplicación general, han acorralado al sector privado de salud. Para el Gobierno es la oportunidad de minimizarlo y magnificar el aparato estatal. El crecimiento del sector privado fue un elemento determinante en la modernización del sistema de salud del país y su jibarización sería muy negativa.

El tema es complejo, pero que la consecuencia de los fallos sea obligar a las instituciones a devolver ciertos montos —una supuesta deuda— facilita la postura que busca minimizarlas. Al cambiarse el criterio para diferenciar según las características de la persona, debió considerarse que, si unos pagarán menos, otros afiliados deberán pagar más. En términos simples, es una redistribución de unos clientes a otros. Esta es la postura natural para la oposición que debiera intentar quede incorporada en la ley y no concurrir a facilitar la estatización que busca el Gobierno.

En el ámbito tributario se está instando a alcanzar acuerdos que contradicen varios principios jurídicos fundamentales de nuestro sistema legal, dándole más fuerza al concepto de elusión. En derecho, se cumple con la norma o no se cumple, y para ello, la normativa debe ser clara. Cuando los legisladores o las autoridades emiten directrices ambiguas, las personas no pueden cumplirlas adecuadamente. Por lo demás, las facultades del Servicio de Impuestos Internos (SII) ya son consideradas excesivas en términos del derecho a la privacidad de los individuos, y la carga impositiva es elevada en comparación con el nivel de desarrollo de Chile y su objetivo de progresar más rápido.

A pesar de que se presenta como un pacto para el crecimiento económico, lo que propone es hacer crecer aún más los poderes de la autoridad. Se utiliza el término “moralidad tributaria” para referirse a la obligación de cumplir con cualquier norma administrativa. Sin embargo, la única moralidad que deben seguir los ciudadanos es la de cumplir con la ley, mientras que la responsabilidad del Gobierno es promulgar leyes claras que respeten los principios del estado de derecho. Si una norma legal deja lagunas o requiere infringir principios fundamentales del derecho, como el derecho a la privacidad, entonces es la norma la que puede considerarse inmoral.

Si bien es comprensible el deseo de mejorar las pensiones, solo se puede lograr de dos maneras: mediante un mayor ahorro hoy o mediante la asistencia gubernamental en casos de vulnerabilidad futuras. Tanto el ahorro como el gasto se facilitan con el crecimiento económico. Dado el cambio implementado con la PGU, la prioridad debería enfocarse en el crecimiento económico. Pero el debate que plantea el Gobierno se centra en otorgarle al Estado un mayor manejo de los ahorros de las personas. Si se impone la propuesta del Gobierno es fácil pronosticar que al igual que en el caso de la educación, las buenas intenciones quedarán en el camino y la frustración de los ciudadanos será aún mayor.

La relevancia de los sectores que el Gobierno intenta reformar, buscando un cambio radical para lograr una presencia dominante del Estado, representa un desafío para las convicciones de la oposición sobre cómo lograr el progreso. De no mantenerlas, corre el riesgo de ser responsable de retrocesos en la diversidad y calidad de las opciones disponibles para los ciudadanos, sin ninguna ventaja a cambio.