El fiscal a cargo del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda señaló que el crimen fue ordenado y organizado desde Venezuela, y que el móvil político era el escenario más probable. Al parecer, los asesinos entraron a Chile sin problemas y ya están de vuelta en Venezuela.

El Gobierno puso en práctica el libreto de siempre: declaraciones grandilocuentes. Así el Presidente Boric habla de “vil asesinato” y “exige colaboración” a Venezuela. Es decir, le pide al país en que se planificó el asesinato que colabore en aclararlo. La ministra del Interior da un paso más y señala “que los ojos del mundo van a estar puestos sobre Venezuela”. Deben estar aterrados en Caracas por este “feroz escrutinio” que les caerá encima.

Ante la información dada a conocer por el fiscal, conviene recordar lo que se discutía en Chile cuando ocurrió el secuestro del exmilitar. Con las primeras imágenes, y al conocerse la identidad de la víctima y su calidad de refugiado, se levantaron las alarmas advirtiendo que Venezuela podría estar detrás de los hechos.

El Partido Comunista, firme defensor de ese régimen, optó por victimizarse por anticipado. Juan Andrés Lagos (PC), asesor del Ministerio del Interior, criticó que “estas especulaciones terribles” apuntaban a romper “toda interacción entre Chile y Venezuela”. Eran terribles, sí, pero no especulaciones. ¿Sigue en su cargo?, por supuesto. Asesorando al ministerio a cargo de la seguridad ciudadana. Pedir su remoción sería calificado de “anticomunismo”. Está blindado.

Y el manto de protección viene de arriba. El propio Presidente Boric salió durante esos días a defender a sus socios por redes sociales: “El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente…”. Su primer impulso fue defender el supuesto “carácter democrático” del PC más que repudiar el crimen de un venezolano disidente que había llegado a Chile en busca de protección.

Hoy, ante los resultados de la investigación, el Presidente del “Twitter fácil” es una vez más rehén de sus palabras.

La apelación al “anticomunismo” es la forma que tiene el Partido Comunista para intentar victimizarse. El ministro Cataldo (PC), por ejemplo, en vez de hacerse cargo de la crisis en su cartera que tiene a cientos de niños sin poder empezar el año escolar, dice que entiende que a algunos les “genere incomodidad que un comunista esté a cargo del Ministerio de Educación”. No es tal militancia lo que perturba, sino el fracaso de su gestión. Pero él prefiere usar su afiliación como escudo. Eso le da, en este gobierno, un blindaje inexpugnable.

¿Por qué se victimizan? La estrategia es evitar ser sacados al pizarrón por su defensa de regímenes totalitarios, por su ambigüedad para condenar las violaciones a los derechos humanos en dictaduras con las que mantienen amistades fraternas, por propiciar políticas que donde se han aplicado han fracasado estrepitosamente, y por un largo etcétera.

En Chile gobiernan: son ministros, parlamentarios y alcaldes. Y claro, también asesores. No son víctimas. La condena del comunismo no es visceral, sino racional. Es la actitud lógica por parte de quienes defienden la democracia, más aún sabiendo que cuando el comunismo alcanza el poder, incluso en estos tiempos post Guerra Fría, no trepida en aplastar a la oposición. Es exactamente el caso de Venezuela.