Señor Director:

Los plazos actuales para la tramitación de permisos de construcción graficados hace algunos días en una nota de este mismo diario, tienen un componente, en algunos casos, ilegal.

Las leyes 20.071, de 2005, y 20.703, del año 2013, crean las figuras del arquitecto revisor y el revisor de cálculo estructural y determinan, a su vez, el alcance de la revisión posterior que deben hacer las Direcciones de Obras Municipales, acotando esta exclusivamente a las normas urbanísticas de las edificaciones.

Bastaría que tanto el Minvu como la Contraloría exigieran, una vez más, el cumplimiento de la ley por parte del mismo Estado, representado en sus municipios, para generar una mejora notable en este indicador, con el consecuente impacto positivo en toda la industria y la economía en general.

No es lo único, pero que el Estado cumpla la ley sería un gran avance.

Fernando Marín Cruchaga
Arquitecto