Los impuestos a los ingresos de las personas en Chile representan un 2,5% del PIB. El promedio de la OCDE es un 8,3%. Las contribuciones a seguridad social llegan en Chile a un uno por ciento del PIB. En el promedio de los países de la OCDE esta proporción alcanza a un 9%. La suma de estas brechas es mayor que la diferencia de recaudación tributaria de Chile respecto del promedio de países de ese organismo internacional, cuya mayoría es de desarrollo alto (10 puntos porcentuales del PIB).

En estas circunstancias, no es extraño que las cotizaciones previsionales y su distribución, como también los impuestos personales, ocupen un lugar tan relevante en la discusión nacional. Un observador poco informado de la realidad chilena, atendiendo a esta evidencia, podría sorprenderse de que no se alcance más rápidamente un acuerdo en estas materias.

Por supuesto, habría que aclararle que las comparaciones en contribuciones a la seguridad social son algo engañosas, porque, por el carácter de nuestro sistema de pensiones, la cotización previsional no se considera contribución a la seguridad social (no tiene fines redistributivos). El año pasado, esas cotizaciones habrían superado por poco tres puntos porcentuales del PIB.

La brecha aún sigue siendo relevante, pero claro, la tasa de cotización nacional es apenas poco más de la mitad del promedio de los países de la OCDE y la informalidad es 16 puntos porcentuales más alta (excluyendo a los países latinoamericanos de ese cálculo).

Ahora en nuestro país hay consenso respecto de la necesidad de elevar la tasa de cotización y no son pocos los que creen que los seis puntos en discusión son insuficientes. El nudo está en cómo se distribuye la mayor cotización. La ciudadanía privilegia la cuenta individual, consolidando el diseño actual del sistema de pensiones. El oficialismo quiere introducirle mayor solidaridad interna, independientemente de lo que se pueda hacer en esta materia con la recaudación tributaria. La oposición quiere destinar la cotización adicional a las cuentas individuales, alineándose con la población, y usar la tributación general para redistribuir.

Esta discusión está parcialmente entrelazada con la tributaria. Si predomina la mirada de que la cotización adicional debe ir a las cuentas individuales, la contrapartida sería elevar los impuestos personales para utilizarlos para mayor solidaridad (haciendo abstracción de otro debate respecto de la posibilidad de utilizar recursos públicos, actualmente empleados en otros programas, para estos propósitos). En los países de la OCDE, la “cuña” salarial generada por tributos (la diferencia entre el salario bruto y el neto) promedia un 34%, un 38% de la cual es impuesto a la renta. Para Chile, dicha cuña es un 7% y la contribución del impuesto personal a ella es cero (debe hacerse nuevamente la prevención de que las cotizaciones a las cuentas individuales no son técnicamente un tributo). Si se descompone dicha cuña entre impuestos personales y contribuciones a la seguridad social hay una correlación negativa y significativa, sugiriendo algún grado de sustitución.

Chile, entonces, aparece como una anomalía.

Ahora, no es fácil elevar los impuestos personales. Prueba de ello es que en el oficialismo, tanto la DC como el PC encontraron que no era razonable elevarlos a partir de 3,2 millones de pesos (un poco menos del 5% de los chilenos tienen ingresos personales de este monto o superiores). El primero de estos partidos acordó con el Ministerio de Hacienda elevarlos después de los 4,5 millones de pesos mensuales. Con ello, se afectaría al 2% superior de mayores ingresos. Si esa es la discusión, la probabilidad de incorporar a más personas a pagar impuestos, como ocurre en la OCDE, es imposible y ello, creo, le resta, inevitablemente, fuerza a la posibilidad de cargarles más impuestos a las personas de mayores rentas.

El contrato social de la OCDE descansa en que grupos grandes de trabajadores pagan impuestos a la renta. Por cierto, muchos de ellos reciben contraprestaciones mayores. Que solo un 20% pague impuestos a la renta en Chile es parte de la anomalía. Si por razones de economía política cambiar esa situación es anatema, es muy probable que moverse hacia un equilibrio donde los impuestos personales recaigan solo en un grupo reducido tampoco funcione.

En este contexto quizás el “contrato social” chileno está obligado a pensarse con una carga tributaria más acotada. Hay países que han podido desarrollarse siguiendo ese camino: Corea, Suiza y Singapur, entre otros. No solo hay beneficios y costos de distintas estrategias, sino también restricciones impuestas por otras consideraciones que deben aquilatarse apropiadamente en el debate que estamos observando.

Harald Beyer