Chile pasa por una situación compleja en términos de crecimiento y seguridad. Dos temas centrales en el bienestar de la población. La semana pasada, tuvimos la buena noticia de que la economía crecía, dejando atrás el ajuste para controlar la inflación. Pero a pesar de esta buena noticia la agenda se marcó más por una mujer que arrebata el arma a un guardia privado y hiere a balazos a varias personas en la entrada de la Feria de Lo Valledor.

Lo Valledor, la Vega Central y otros toman medidas para aumentar el control de acceso y la seguridad privada. Una respuesta intuitiva ante una realidad donde parece ser que el Estado falla en dar seguridad. Recordemos que la seguridad es, según Maslow, la necesidad humana más importante luego de la alimentación.

El sistema político así también lo entiende y hace dos semanas promulga la Ley de Seguridad Privada que ordena esta actividad, y busca liberar carabineros para otras labores de seguridad. En su promulgación, las autoridades relevan dos puntos. Primero, que la ley es parte del acuerdo Ejecutivo-Parlamento para acelerar leyes que apoyen la seguridad pública (buena noticia), y segundo, y muy impactante, que esta ley marco “va a regular una industria que en términos del personal que se ve involucrado supera en 4 veces el número actual de funcionarios de Carabineros en ejercicio”.

Una relación 1 a 4, un 300% más de agentes privados que públicos, es impactante. Un estudio muestra que para 23 países de la Unión Europea este ratio es en promedio de 1 a 0,85, es decir, los agentes de seguridad privados son 15% menos que los agentes públicos de seguridad. Solo en Rumania (1 a 2,3), Bulgaria (1 a 1,7) y Estonia (1 a 1,5) este ratio es mayor que uno. En Canadá esta relación era de 1 a 1,2 en 1996.

¿Dónde está el problema? ¿Es falta de recursos lo que hace que tengamos muy pocos carabineros y funcionarios PDI en Chile, y por ende que el ratio privado-público sea tan alto? En Chile, la dotación de Carabineros y los agentes de la Policía de Investigación son del orden de 63 mil policías en una población de 19,9 millones, es decir, 3,2 policías por cada mil habitantes. En los mismos 23 países UE, hay en promedio 3,3 policías por cada mil habitantes; en otra muestra a nivel de 68 países, estos tienen en promedio 3,44 policías en el 2015. Luego, al menos en el contexto mundial, el número de policías en Chile parece algo menor, pero solo un 5% menos. Claramente, esto no explica por qué en Chile existen 4 agentes privados por cada agente público.

El presupuesto de US$ 1.400 millones de Carabineros en 2023 se compone en un 70% en personal, 7% en formación, 5,8% en autos e infraestructura inmobiliaria, y solo 0,02% en hardware y software. Salta a la vista que, en la era que vivimos, la inversión en tecnología es extremadamente deficiente. Más aún si consideramos que el “Consejo de reforma de Carabineros” nos plantea “impulsar la modernización digital, particularmente en las unidades operativas, a efectos de agilizar procesos, favorecer la trazabilidad de estos y permitir una prestación más eficiente de los recursos”.

¿Es el 70% del gasto en personal, debido a altos sueldos, lo que impide un mayor gasto en tecnología? Un carabinero gana $800 mil; un suboficial mayor, $2,2 millones; un teniente, $1,7 millones, y un general, $4,8 millones, y no parecen excesivos para alguien que enfrenta un alto riesgo.

La evidencia sugiere que las falencias que tenemos no se solucionan con un gran aumento de personal policial, sino que con una mejora de la gestión y la tecnología con la cual operan nuestras policías. Estas conclusiones no son nuevas, están en el informe transversal del “Consejo de reforma de Carabineros”.

Con un esfuerzo de US$ 80 millones, que es equivalente a las inversiones anuales de Carabineros (5,7% del Presupuesto), podríamos llegar al promedio 3,3 policías por cada mil habitantes que tienen los países de la Unión Europea, multiplicar al doble la inversión en radiopatrullas, y en 50 veces la inversión en hardware y software.

Si se amplía el ámbito de la Ley del Cobre, permitiendo que el 10% de las ventas del cobre también puedan cubrir las inversiones de las fuerzas del orden, este esfuerzo podría tener financiamiento de largo plazo. Pero hay que ser claro, sin mejoras en la gestión operativa y de los recursos, tal cual enfatizó el “Consejo de reforma de Carabineros”, el Estado no podrá garantizar mayores niveles de seguridad.