En medio de las confusiones y la polarización que caracterizan el actual cuadro político chileno, dos fenómenos llaman particularmente la atención.

Por un lado, una indudable resiliencia institucional. Gracias a ella, hay una mayor preocupación por los asuntos de la seguridad ciudadana. Por ahora, se observan avances en legislación, una mayor disposición a enfrentar el crimen organizado y un mejor control sobre la acción violenta en La Araucanía. Son indicios de una sana reacción inicial. La reforma de las policías, la construcción de un nivel de inteligencia superior y el reforzamiento de capacidades operativas son todavía desafíos pendientes de magnitud. Lo mismo la conformación de los tribunales superiores y la administración carcelaria.

Asimismo, la respuesta institucional ante la corrupción que invade esferas clave de la sociedad y el Estado —fundaciones, municipios, altos mandos de la policía, redes de tráfico de influencias— ha sido promisoria. Los diversos organismos encargados están actuando con seriedad y se espera que luego las investigaciones conduzcan a resultados efectivos y a sanciones que ayuden a revertir este fenómeno.

Por último, hay una incipiente recuperación económica que podría retomar una senda, aunque modesta, de crecimiento. Igual como en los otros casos, hay por delante, sin embargo, importantes desafíos para la acción regulatoria pública y para la inversión e incremento de la productividad en el sector privado.

En suma, la institucionalidad del país, a pesar de un desempeño chato hasta la exasperación—intelectualmente pobre o corto de miras— de la élite política, mantiene su capacidad de encauzar los conflictos y evitar el colapso. Ya lo había demostrado antes, a la salida del estallido social y, después, durante el convulso y fracasado proceso constitucional.

Por otro lado, aparece un emergente discurso sobre la necesidad de construir consensos y actuar con pragmatismo, que viene perfilándose desde un extremo al otro del espectro político. Si bien la misma clase política luego no está a la altura de su propio discurso, de cualquier manera, hay un nuevo criterio. Ya no se habla públicamente de los acuerdos políticos como un negocio inaceptable ni se proclama que las mayorías están en su derecho de imponer sin más sus intereses ideológicos.

En suma, no todo a nuestro alrededor está cayéndose a pedazos, como algunos quieren creer. Sin duda, el Gobierno y la oposición no muestran en la práctica capacidad de entendimiento. Y, de lado y lado, la gestión política es insuficiente. Pero los propios hechos y las demandas expresadas por la opinión pública están empujando a ambos —al oficialismo y sus contendores— a buscar poco a poco formas de cooperación y a asumir perfiles más pragmáticos de cara a las próximas elecciones.