El proceso de renovación de mesa de la Cámara de Diputados se ha transformado en retrato de varias de las anomalías que afectan a nuestro sistema político.

Desde luego, la crispación que suele dominar el debate público se refleja allí en la incapacidad para construir acuerdos amplios y duraderos. La incertidumbre que se instala cada vez que corresponde renovar mesa da cuenta de la debilidad del acuerdo originalmente alcanzado entre el oficialismo y algunos partidos de centro, en marzo de 2022, ideado con la expresa intención de excluir a la derecha. Tal lógica polarizante no ha impedido, sin embargo, que asomen recurrentemente las desconfianzas entre las fuerzas que han conformado una muy frágil y oscilante mayoría. Ello ha obligado a sucesivas revisiones de lo originalmente pactado, llevando a situaciones como la que se vive ahora, en que dos partidos (el PC y el Partido de la Gente) reclaman para sí la presidencia de la Cámara, ambos asegurando que eso fue lo que se acordó.

Los grados intolerables de fragmentación que caracterizan hoy a la política chilena han sido también determinantes. Con más de 20 partidos representados en la Cámara, la dificultad de cualquier entendimiento se extrema. A tal punto, que el acuerdo de 2022 obligó a dividir el actual período de cuatro años en seis tramos de ocho meses, de modo de satisfacer los intereses de todos los firmantes por ocupar algún puesto en la mesa. Junto con generar la repudiada imagen de una “repartición” de cargos entre políticos, la fórmula banaliza las funciones de la presidencia y las vicepresidencias, sometidas a constante rotación.

Otro efecto de la fragmentación —resultado de la reforma electoral de la segunda administración Bachelet— es el poder adquirido por colectividades menores y parlamentarios independientes, quienes tienen en sus manos la capacidad de inclinar en uno u otro sentido el equilibrio de fuerzas, ya sea para mantener el pacto vigente o para conformar una nueva mayoría. Así, el sistema incentiva los quiebres al interior de las bancadas, los cambios de partido o las renuncias a la colectividad con la que se fue elegido.

Se agrega a estos factores un elemento de naturaleza distinta. Una y otra vez, la posibilidad de que el PC pudiera asumir la presidencia de la Cámara ha despertado la inquietud de otras bancadas, lo que ha llevado a postergar sucesivamente su opción. Frente a ello, esa colectividad ha respondido con el argumento fácil de la victimización y las acusaciones de “anticomunismo”, sin hacerse cargo del impacto disruptivo de sus conductas políticas. En estos días, cuando ese partido aspira de nuevo a asumir la testera, ello se ha vuelto a evidenciar. En efecto, ¿no es acaso natural que muchos diputados duden de entregar sus votos a una colectividad que acaba de revalidar la “presión social” como recurso para enfrentar la eventual falta de mayorías legislativas? ¿No se advierte contradicción alguna entre pretender conducir una institución y reivindicar la vía extrainstitucional para cuestionarla si su funcionamiento no es favorable a las propias posiciones?