Codelco es una compañía cien por ciento estatal, la más importante de Chile, según afirma con frecuencia el presidente de su directorio. Más aún, para quienes las empresas estatales constituyen el modelo productivo preferido, ella representa un ejemplo a seguir. Además, sus excedentes forman una parte relevante del presupuesto nacional y, como consecuencia de lo anterior, sus resultados repercuten positiva o negativamente en el balance fiscal, según el caso. Por todo ello, su situación financiera es seguida con atención por los agentes económicos. De un tiempo a esta parte, sin embargo, Codelco muestra una trayectoria de deterioro progresivo, de la que aún no sale y para la que no se avizoran mejorías en el corto plazo.

En efecto, en el año 2023 sus excedentes fueron de solo US$ 1.426 millones, un 38% menos que el año anterior; su Ebitda cayó a US$ 4.184 millones, un 26% menos que en 2022; su producción de cobre fue la más baja de los últimos años, con 1,32 millones de toneladas, un 8% menos que el año anterior; sus pasivos financieros ya superan los US$ 20.000 millones, y la última línea de su estado de resultados arroja una pérdida de US$ 591 millones. Este complejo cuadro se da en medio de un denodado esfuerzo por sacar adelante sus “proyectos estructurales”, que responden a la necesidad de mantener —ya se abandonó la idea de aumentar— la producción de sus gastados yacimientos, abriendo nuevas zonas de explotación y, en el caso de Chuqui, transformando su faena a rajo abierto en una subterránea. Ello ha implicado una inversión gigantesca, la que aún requiere de otros US$ 14.000 millones para completarse —un 60% de los cuales se ejecutará entre 2024 y 2025—, acompañada, adicionalmente, por enormes dificultades técnicas e ingenieriles, responsables en parte de las preocupantes cifras de 2023.

El fisco, que tradicionalmente extraía el 100% de sus excedentes, ha debido flexibilizar esa estrategia para dejar espacio a la reinversión de parte de ellos en los mencionados proyectos estructurales, todo lo cual se ha traducido en una persistente disminución de lo que aquel recibe anualmente.

Es en ese escenario que se inserta la idea del Gobierno de entregar a Codelco (y a Enami) la participación mayoritaria en las compañías que exploten el litio en los salares estratégicos (Atacama y Maricunga), además de otros de tamaño importante, pues al asociarse con empresas privadas para hacerlo —como lo está negociando Codelco con SQM, para extender la explotación de Atacama por otros 30 años luego de terminarse la actual concesión— y al aportar los salares que le entrega el Estado sin tener que destinar recursos adicionales, pasa a recibir más del 50% de las utilidades de esa explotación. Como dichas ganancias podrían ir, total o parcialmente, a Codelco y no directamente a las arcas fiscales, y ser usadas para resolver las dificultades que enfrenta su producción de cobre, el país entero estaría subsidiando los problemas de Codelco, impidiendo que esos recursos beneficien directamente a la población.

Todo esto lleva a cuestionar, nuevamente, el modelo de la cuprífera como empresa cien por ciento estatal, pues la idea de que el fisco recibiría anualmente de ella cuantiosos recursos de manera cierta está dejando de ser válida, con el agravante de que, además, la firma debe continuar tomando importantes riesgos financieros solo para intentar mantener la producción que tenía hace algunos años, riesgos que afectan al país como un todo por el aval implícito que su dueño, el fisco, le entrega. Este debate, que ha sido esquivado políticamente durante décadas, basado en la equivocada idea de que la propiedad estatal es la mejor forma de explotar los recursos mineros, requiere ser abordado, especialmente luego de constatar la declinante trayectoria que ha estado siguiendo la compañía.