En su edición del 26 de marzo, el diario “El Mercurio” publicó un editorial titulado “China consolida control sobre Hong Kong”, sobre el cual me gustaría aclarar lo siguiente:

En primer lugar, la aprobación de la Ordenanza es una acción ineludible de Hong Kong para cumplir su obligación constitucional y responde a la expectativa de los distintos sectores de la sociedad hongkonesa. Después de que Hong Kong se reunificó a la patria, en 1997, el artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong disponía que la región administrativa especial promulgara su propia ley para prohibir actos de traición, secesión, sedición, subversión contra el Estado y robo de secretos de Estado. Sin embargo, debido a las obstrucciones continuas de las fuerzas contra China, dicha legislación no se había podido terminar, dejando un gran vacío legal en la seguridad nacional. Durante la consulta pública, el gobierno de Hong Kong recibió en total 13.489 opiniones, entre las que un 98,58% señalaba que era “altamente necesario” llevar a cabo la legislación y que era “urgente” su promulgación.

En segundo lugar, la Ordenanza tiene como principio el respeto de los derechos humanos. Solo imputa a los pocos criminales que gravemente han perjudicado la seguridad nacional, mientras que protege los derechos y libertades de expresión, periodismo, publicación, asociación, asamblea, procesión y manifestación que las leyes y convenciones internacionales confieren a los hongkoneses. Tiene una clara y precisa definición de los delitos. Por ejemplo, la “interferencia extranjera” debe cumplir simultáneamente las tres condiciones: colaborar con fuerzas extranjeras, de manera indebida, y con intención de provocar efecto de interferencia, marcando una clara diferencia con los intercambios internacionales normales.

La Ordenanza también ofrece legítima defensa para explicitar entre la culpabilidad y la inculpabilidad. Por ejemplo, respecto de la “intención de incitación”, además de perfilar las circunstancias que la constituyen, también se estipulan las circunstancias no constitutivas. Y la Ordenanza toma la protección del interés público como una excusa para aplicar una legítima defensa en los casos relacionados con la adquisición y divulgación ilegales de secretos de Estado, con el fin de proteger la libertad de expresión y de la prensa.

En tercer lugar, la Ordenanza concuerda con la tendencia legislativa global y las prácticas y normas universalmente aplicadas. Muchos países, como Estados Unidos, el Reino Unido y Chile, tienen leyes sobre seguridad nacional, cuyas experiencias y estipulaciones han servido como antecedentes para la Ordenanza, por lo que no es justificado acusar a la Ordenanza de “ampliar las penas y tipificaciones”. Delitos como “interferencia extranjera”, “participar en organizaciones de inteligencia extranjeras” y la imposición de pena se inspiran en las leyes de seguridad nacional de países como Reino Unido, Australia, Singapur, por mencionar algunos.

Seguridad es premisa de desarrollo y el Estado de Derecho sienta las bases de la prosperidad, lo que es un consenso de pueblos de todo el mundo. A partir del 2020, cuando China empezó a perfeccionar la legislación a nivel nacional sobre la seguridad nacional en Hong Kong, esta región se viene transformando desde el caos hacia la estabilidad y prosperidad. El FMI en su informe de 2023 reconoció plenamente el estatus de Hong Kong como centro financiero internacional. Sin duda, la Ordenanza consolidará la barrera jurídica de Hong Kong en su defensa de la seguridad nacional, garantizará su estabilidad duradera y el buen funcionamiento de “un país, dos sistemas”, y fortalecerá las ventajas únicas de Hong Kong para que siga siendo el centro financiero internacional y centro de innovación tecnológica más libre y competitivo, garantizando un entorno de negocios sano y estable para inversionistas de todos los países, incluido Chile.

Niu Qingbao
Embajador de China en Chile