El diagnóstico es clarísimo, las pensiones autofinanciadas resultan insuficientes para la mayoría de las personas que jubilan. Conocemos las causas: la tasa de cotización es insuficiente, la expectativa de vida sigue creciendo, y lo más importante, se cotiza por muy poco tiempo. Peor aún, este último problema se está agravando, ya que, en una comparación en 12 meses, los cotizantes están cayendo desde febrero de 2023. En enero de 2022, los cotizantes representaban un 64% de la fuerza de trabajo, cifra que cayó a un 58% en enero pasado. Cada mes, más de un 40% de los trabajadores no cotiza, y respecto a la población en edad de trabajar, solo cotiza un 36%. Podemos subir mucho la tasa de cotización e incluso aumentar la edad de jubilación, pero con estos niveles de informalidad previsional, no solo elevados sino además crecientes, las pensiones seguirán siendo bajas.

El sistema de pensiones australiano, con un diseño muy similar al chileno, nos permite dimensionar la importancia de la formalidad laboral en los resultados previsionales. Al igual que el nuestro, se basa en la capitalización individual, esquema que se inició una década después que el nuestro, con una tasa de cotización obligatoria que fue de 9% hasta el año 2013, cuando se inició un proceso de aumento gradual que la llevará a 12% en julio de 2025. Tiene también un pilar de ahorro voluntario con incentivos tributarios, y además un pilar solidario, con un aporte estatal al sistema equivalente a un 4,3% del PIB en 2022 (en Chile el gasto del Estado en prestaciones previsionales llegó a un 4,9% del PIB en 2023).

Con esa estructura bastante parecida, aunque con una edad de jubilación que llegó a 67 años para hombre y mujeres el año pasado, es calificado como el quinto mejor del mundo entre 47 sistemas previsionales de acuerdo con el Índice Mercer CFA, mientras que Chile ocupa el lugar 14 en ese ranking (bastante bueno a pesar de la mala evaluación ciudadana). La diferencia en evaluación se explica principalmente por el subíndice de adecuación, vinculado al pago de beneficios, entre otros.

Es interesante constatar también que a pesar de ser un sistema 10 años más joven que el nuestro, en 2023 el total de activos de los fondos de pensiones cerró en un monto equivalente a un 145% del PIB, en comparación con una cifra de 59% para Chile. ¿Qué explica esa enorme diferencia si la tasa de cotización es similar? Los australianos cotizan, más de un 90% de los trabajadores cotiza regularmente, mientras en nuestro país solo la mitad de los afiliados lo hace. Nuestro principal problema en materia de pensiones es la informalidad laboral, por lo que la mejor reforma posible es enfrentarla.

El Gobierno tiene al alcance de su mano hacer reformas que definitivamente cambien la realidad de las pensiones, actuales y futuras, dando prioridad a la agenda pro-formalidad, que forma parte de la propuesta de Pacto Fiscal, aunque con nula prioridad en la discusión política. En este campo, la semana pasada la Mesa de Formalidad Laboral, convocada por la CPC, la AAFP y la ASECH, de la cual tuve la oportunidad de formar parte, dio a conocer un set de 15 medidas muy concretas para enfrentar este problema. Estas van desde un cambio en el diseño de la PGU (con menor costo fiscal e incentivos a cotizar), varias medidas que apuntan a la formalidad de los jóvenes, y otras que además resultan muy favorables en materia de recaudación tributaria, como el fin de la renta presunta. Se trata además de una agenda que debería contar con bastante consenso político, porque apunta a hacer consistente los derechos sociales con una debida cultura de los deberes, a través de políticas de corto, mediano y largo plazo.

Sin embargo, no basta con un listado de reformas, es necesario definir también un responsable político de la agenda de formalidad, que se ponga metas concretas y que lidere la determinación, diseño y ejecución de las políticas que se van a abordar, junto con la coordinación de los distintos organismos públicos que tienen injerencia en la materia, como el SII, el Ministerio del Trabajo, y el Ministerio de Hacienda, entre otros.

Lo valioso de una agenda de este tipo es que no solo aborda el aspecto más importante en materia de pensiones, sino que también contribuye a mayor recaudación tributaria.

Este es, además, un tema bastante urgente, en que el contrabando, el comercio por redes sociales y la presión de todos los sectores políticos por una PGU cada vez más generosa están generando fuertes incentivos a la informalidad. Aún estamos a tiempo.

Cecilia Cifuentes
Directora ejecutiva Centro de Estudios Financieros ESE Business School Universidad de los Andes