Los anuncios del Gobierno de esta semana sobre la política nacional del litio tienen el mérito de despejar las dudas: hay pocas dudas ya de que no conseguirá lo que se propone. Los problemas de la iniciativa lanzada hace un año son muchos, y en estos meses, a pesar de las críticas, no se corrigieron.

El primer problema es que el Estado busca quedarse con el control del litio. En esto —para ser justos— el Gobierno ha sido consistente. Siempre ha querido minimizar el rol de los privados y controlar las operaciones del mineral. Se dice que no, que solo son cinco los salares que tendrán participación mayoritaria o serán liderados por el Estado, y que decenas de salares estarán abiertos a privados. Pero en esto el número de salares da igual. Lo importante es dónde hay más valor en litio, y la verdad es que la inmensa mayoría está en los salares que el Estado reservó a sus empresas: porque tienen los mayores y mejores recursos, y los proyectos más avanzados. El Gobierno busca este control porque confunde —por razones ideológicas— dos cosas que son distintas. Una es que el Estado maximice el valor que captura por la explotación del litio (lo que se lograr mejor atrayendo mucha inversión privada y cobrando el arriendo o royalty correcto). Y otra es que el Estado controle el negocio. La fijación del Gobierno por hacer lo segundo, cuando debiera preocuparse de lo primero, va a ser contraproducente: porque va a reducir el interés por invertir para aumentar la producción, y porque el Estado ha mostrado ser muy incompetente gestionando negocios. Lo que lleva al segundo problema.

El diseño central —Codelco y Enami como protagonistas— implica que, en los hechos, los recursos que genere el litio corren el riesgo de ir a cubrir las pérdidas de esas empresas. La situación de Codelco da para otra columna, pero en lo grueso, debe unos 20 mil millones de dólares, pero genera solo algo más mil millones anuales en excedentes. Y Enami —salvo en 2021— ha tenido pérdidas todos los años desde 2013, por un total de 700 millones de dólares. ¿Podrán esas compañías gestionar el negocio del litio? ¿Tendrán los recursos para invertir en nuevos proyectos? En el salar de Atacama, ¿de dónde sacará Codelco los fondos para aumentar la producción? Y si no los tiene, ¿va a diluirse y ceder el control para no trabar el desarrollo de la compañía que crearía con SQM?

El Gobierno optó, en la práctica, por inyectarles buena parte de los recursos del litio a dos empresas que, si no fueran estatales, serían insolventes. Difícil entender la pasividad del Ministerio de Hacienda en este tema. Lo que lleva al tercer problema.

El jueves el ministro Marcel culpó al gobierno anterior por el atraso de la industria local. Más allá de la artificial polémica que —uno puede imaginar— busca distraer la atención de las evidentes falencias del plan del Gobierno, la decisión de Marcel de politizar una vez más la discusión del litio da cuenta de un problema más sustancial. El Gobierno parece no entender algo que a estas alturas todos deberíamos haber aprendido: la inversión en esta industria necesita reglas claras, capacidad de proyectarse en el largo plazo. Y eso requiere diálogo y acuerdos que aseguren continuidad de políticas cuando cambian los gobiernos. Demanda estatura y mirada estratégica, no trifulca política.

Es cierto, algunos sectores del Gobierno desde siempre han optado por la confrontación. Pero que se haya contagiado de ese espíritu quien debe generar un clima propicio para la inversión solo confirma el extravío en su diagnóstico sobre cuáles son las causas que tienen en un pantano a la economía que debe conducir: en este y otros frentes, y bajo su liderazgo, el Gobierno está encaminado a anotarse el peor récord de crecimiento desde 1990, por la incapacidad de generar acuerdos y resolver los nudos e incertezas que frenan la inversión. A estas alturas, alguien del oficio de Marcel debería entenderlo.

El cuarto problema de la política del litio es, precisamente, de incerteza jurídica en torno a las concesiones. El problema es el siguiente: una buena parte de la superficie de los salares tiene concesiones otorgadas después de 1979, que dan derecho a explotar otros minerales, pero no litio. La política del Gobierno no resuelve el conflicto entre los dueños de esas concesiones post-79 y quienes obtengan del Estado los contratos de operación de litio. Un ejemplo: el proyecto Salares Alto Andinos que busca desarrollar la Enami se ejecutaría en un área con concesiones de propiedad de privados. Si Enami licita para invitar a un tercero a desarrollar en conjunto el litio ahí, ¿qué pasa con las concesiones existentes? ¿Se buscará un acuerdo con sus titulares antes? Si no, ¿qué compañía querrá invertir y correr el riesgo de entrar en un juicio por afectar los derechos de un tercero en el mismo territorio? Ha pasado un año desde que se lanzó la política, y aún nada se ha dicho sobre esto. ¿Es que no se ha pensado, o será que, como ahora será un actor en la industria, el Estado buscará interpretar la regulación de manera de sacar provecho económico en desmedro de los titulares de esas concesiones? Difícil de imaginar.

Otro frente desatendido es el de libre competencia. Codelco tendrá el control en el salar de Atacama, está consolidando el de Maricunga, y podría desarrollar con socios el de Pedernales. Además, estaría la Enami. Y todos esos proyectos estatales competirían en la misma industria con actores privados. ¿No hay ahí una obvia fuente de conflictos? ¿Se ha estudiado cómo prevenir que el Estado, que debe velar por la libre competencia, viole las normas que debería proteger?

Hay otras aristas. Se dijo que la política buscaba usar tecnologías de producción con menor impacto ambiental, como extracción directa de litio. Pero Codelco decidió invertir 240 millones de dólares de recursos públicos en Salar Blanco, un proyecto de evaporación. ¿En qué quedamos? ¿O la exigencia de tecnologías limpias era solo para los privados?

En fin. Es difícil estar optimista con la política del litio y sus avances. Pero no hay que perder las esperanzas. Quizás estamos a tiempo de hacer ajustes, lograr apoyos más amplios, y cambiar de una vez la trayectoria de la industria.