La decisión del Tribunal Constitucional de que la mutualización es materia de seguridad social que debe ser de iniciativa exclusiva del Gobierno, se adoptó por seis votos contra cuatro, ante una impugnación presentada por diecisiete senadores oficialistas y de la Democracia Cristiana. El requerimiento cuestionaba una indicación bajo el Nº 8 del art. 3º del proyecto de ley que modifica el DFL Nº 1, de 2005, que fija el texto refundido del DL 2763, de 1979, y de las leyes 18.033 y 18.469, en causa rol 15.180-24. Votaron a favor de la impugnación la presidenta, Nancy Yáñez; María Pía Silva, Daniela Marzi, Alejandra Precht, Catalina Lagos y Raúl Mera. En contra lo hicieron José Ignacio Vásquez, Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery y Marcela Peredo.

La mutualización apunta a que el monto de la deuda de las aseguradoras se calcule sobre la base de a quienes se les sube el plan, pero también a quienes se les baja. Se trata de una fórmula que reduce de manera considerable el monto de la devolución, estimado en unos US$ 1.400 millones a mayo de 2023, tras el fallo de la Suprema de 2022, que les ordena a las isapres aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso a los usuarios.

El pagar más de mil millones de dólares —han advertido en la industria— supone colocar a las isapres al borde del colapso financiero. La mutualización había sido propuesta por el Comité Técnico de la comisión de Salud del Senado durante el año pasado y senadores de la oposición aprobaron una indicación para incorporarla en la llamada “ley corta”.

No obstante, por seis votos a favor y cuatro en contra, la mayoría de los ministros del Tribunal Constitucional consideraron que el tema era de iniciativa exclusiva del Gobierno. Pero esto no es más que una razón que estorba la discusión legislativa y que no podría ser considerada como una materia de seguridad social que deba ser de iniciativa exclusiva del Presidente.

Se trata de limitar el debate democrático y legislativo, que no puede seguir adelante, ya que todo depende de la propuesta que deba hacer el Gobierno para reducir los pagos al sistema de salud previsional privado.

En este planteamiento, coincidimos con Jorge Correa Sutil y con Patricio Zapata Larraín, en el sentido de que esta no es más que una manera de paralizar el debate legislativo y no profundizarlo, y que no puede decirse que sea de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Por ello coincidimos con los cuatro votos de los ministros en contra, quienes señalan que no existe ninguna inconstitucionalidad en la discusión de la mutualización de los fondos de las isapres, por no ser una materia propia de seguridad social del sector privado que sea de iniciativa exclusiva del Presidente.

Esta decisión implica que el sistema de isapres habrá de colapsar, ya que es imposible que restituyan todos los fondos a sus afiliados que están en situación de que les devuelvan sus excedentes; con lo cual el sistema privado de atención de salud no podrá seguir funcionando y todos los afiliados deberán ser traspasados a Fonasa.

Lo que claramente significará un desastre para todo el sistema privado de salud, incluidas las quiebras de numerosas isapres.