Es relevante profundizar sobre las opiniones vertidas por el ministro de Justicia, Luis Cordero, días atrás en el programa Tolerancia Cero. En la ocasión, reconociendo el clamor ciudadano por seguridad, la autoridad afirmó algo muy relevante: “Encerrar personas sin reinserción no es garantía de seguridad”.

El ministro se refirió en particular al caso de las mujeres privadas de libertad como un ejemplo de “populismo penal”, informando que la población femenina encarcelada se ha duplicado en los últimos años. Alegando la necesidad de racionalizar el uso de la prisión, aludió al impacto social que significa encarcelar a mujeres que en un 55% cometen delitos contra la Ley de Drogas. Solo un 15% de los hombres están presos por el mismo delito. Ello se explica porque para las mujeres el microtráfico es a veces un “trabajo” que pueden realizar desde el hogar sin dejar a los hijos, debilidad que el narcotráfico conoce y del que se aprovecha.

La primera condena por este delito puede significar 18 meses en prisión, con las consecuencias que ello trae para mujeres que, en un 90%, son jefas de hogar y madres de un promedio de tres hijos. No es difícil prever el efecto que ello tiene sobre niños y niñas que permanecen en muchos casos con cuidadores inadecuados, empobrecidos, o a cargo del programa “Mejor Niñez”, ex Sename, con las consecuencias que la ciudadanía conoce.

Como bien dijo el ministro, la cárcel no es solución. Menos aún en el caso de mujeres, por el impacto que tiene sobre sus familias. Sin embargo, a pesar de ello, las pocas iniciativas que se han dado para introducir políticas de género en el sistema legal no reciben la atención que merecen. Por ejemplo, la Ley Sayen, ingresada a trámite legal en 2017, que propone una modificación al Código Procesal Penal a fin de que mujeres embarazadas o madres de niños menores de dos años reciban penas alternativas, aún permanece en el Senado y, según palabras del propio ministro en otra entrevista, tiene pocas posibilidades de promulgarse debido a la creciente y errada visión ciudadana que no discrimina ni por género ni tampoco por tipo de delito, insistiendo en el aumento del encarcelamiento en el país.

Luis Cordero admitió que el Estado invierte pocos recursos en reinserción. La paradoja, entonces, es que siendo la reinserción un deber del Estado y un requisito para garantizar la seguridad, dice el ministro, este no asume debidamente esa función, y que requiere del apoyo de los privados y las universidades.

Sin embargo, instituciones como la Corporación Abriendo Puertas, que trabaja acompañando y capacitando a mujeres privadas de libertad, y que tiene un exitoso programa de reinserción laboral —140 mujeres han accedido a trabajo dependiente en distintas empresas—, no cuentan con ningún apoyo del Estado, a pesar que un proyecto financiado por el Banco Interamericano del Estado demostró que la inserción laboral y el acompañamiento pospenitenciario, que realiza justamente la Corporación Abriendo Puertas, es la mejor manera de reinsertar socialmente a las mujeres que han estado privadas de libertad.

Es necesario mostrar ejemplos exitosos como incentivo, no solo para motivar a las autoridades del Estado, sino también —tiene razón el ministro interpelando a los privados y universidades— para quienes pueden ofrecer puestos de trabajo y para la misma ciudadanía, a fin de que tome conciencia de que la ecuación delito/cárcel no conduce a aumentar la seguridad, sino que incluso puede ser contraproducente. Las mujeres salen, antes o después, con crisis de identidad, contagio criminógeno, con familias empobrecidas, e hijos e hijas que en muchos casos terminan ingresando al mundo delictual.

El mejor camino hacia la seguridad es racionalizar el uso de las cárceles para mujeres y ofrecer alternativas de reinserción.

Ana María Stuven