Señor Director:

En su carta de ayer, el profesor Pedro Anguita insiste en que cerrar las puertas del tribunal a todo público es una medida desproporcionada que no estaría justificada por las normas de los tratados internacionales ni de Derecho interno que cité en mi carta anterior. No parece posible responder esa afirmación sin caer en la majadería de reiterar la literalidad de dichas reglas, que dicen exactamente lo contrario de lo que señala el profesor.

La seguridad de los imputados, víctimas y operadores del sistema de administración de justicia penal es una cuestión crucial para asegurar la vigencia del Estado de Derecho. No hay mayor riesgo que el miedo para la independencia judicial y la efectiva aplicación de la ley.

Limitar la publicidad de ciertas audiencias es una medida mínima, que ya está autorizada legalmente y no debería generar polémicas. El actual desafío es encontrar mecanismos adicionales que garanticen que los jueces, fiscales y defensores puedan cumplir tranquilamente sus tareas, y que los testigos e imputados no sientan temor de colaborar con ellas.

Julián López Masle
Abogado