Hace algunas semanas la Dipres dio a conocer el cierre preliminar del escenario fiscal 2023, el cual, en una mirada global, resulta bastante ajustado a las proyecciones que se hicieron en septiembre de 2022, cuando se presentó la Ley de Presupuestos. En efecto, en ese momento se estimó un déficit fiscal de 2,7% del PIB, que terminó siendo algo mejor, un 2,4% del PIB. Las proyecciones macro también fueron acertadas, con una caída estimada del PIB de 0,5% y de la demanda interna de -4,1%. La inflación promedio se estimó en 6,3% y el tipo de cambio en $868. Finalmente, la demanda interna habría caído algo más, la inflación promedio fue un poco más alta, y el tipo de cambio resultó en promedio algo inferior, pero en general el cuadro fue similar al proyectado.

¿Se puede decir entonces que la política fiscal se está ajustando a los objetivos? No realmente, porque igual de importante que lo macro es la composición de los ingresos y gastos, y ahí se observa una situación que resulta muy preocupante, porque apunta a un deterioro difícil de revertir, ya que no hay en la agenda oficial propuestas que se orienten a su corrección.

Partamos por los ingresos, que en septiembre de 2022 se estimaron en $63.222 miles de millones (mmm), siendo finalmente de $64.112 mmm, algo superiores a lo proyectado. Sin embargo, los ingresos tributarios resultaron $4.128 mmm inferiores a lo proyectado, a pesar de que la actividad y el precio del cobre estuvieron en línea con las estimaciones. Como porcentaje del PIB representaron un 17,8%, porcentaje muy similar a lo que se recaudaba hace quince años, antes de las muchas reformas tributarias erradas, que han generado una recaudación inferior a la que habría sin estas, considerando su efecto negativo en la actividad económica. Es interesante constatar además el efecto probable que está teniendo la informalidad digital. A pesar de que las proyecciones de actividad resultaron bastante acertadas, la recaudación de IVA fue $2.516 mmm inferiores a lo estimado. Es injustificable a estas alturas que el SII no se ponga como tarea prioritaria que el creciente comercio digital cumpla sus obligaciones tributarias, no solo por ser una importante fuente de recursos fiscales adicionales, sino también por un problema de justicia y de competencia legítima. Una sociedad de derechos exige también el cumplimiento de deberes.

¿Y cómo con esta importante merma en recaudación tributaria se logró cumplir la meta de ingresos? Nuevamente el litio hizo la diferencia, ya que las llamadas “rentas de la propiedad” generaron ingresos mayores a lo estimado por $3.432 mmm. Por supuesto, esto es una buena noticia, aunque dado lo que está pasando con el precio de este metal, y los escasos avances en la estrategia nacional del litio, no puede considerarse como una fuente permanente de financiamiento, aunque sí muestra el costo que está teniendo para el país no estar aprovechando en mayor medida esta bonanza, cuya duración desconocemos.

El análisis de los gastos resulta aún más alarmante que el de los ingresos. Si bien el gasto total estuvo en línea con la proyección de la Ley de Presupuestos 2023 ($70.831 mmm efectivos versus $70.828 mmm proyectados), el gasto en burocracia (personal y bienes y servicios) resultó $1.932 mmm superior a lo presupuestado. Solo en personal fue $1.283 mmm superior, lo que confirma que efectivamente la contratación de personas está yendo más allá de lo que el propio Gobierno estimaba. Es urgente ponerle freno a esta tendencia, sobre todo considerando la significativa rigidez de este gasto a la baja, lo que reitera la importancia de avanzar en la modernización del Estado. Resulta además muy poco creíble la estimación de la OCDE sobre los espacios de eficiencia que existen, equivalentes a un 0,11% del PIB, si solo este exceso de gasto en burocracia sobre lo estimado hace un año equivale a un 0,7% del PIB.

¿Qué ítem de gasto resultó entonces inferior a lo presupuestado, de tal forma de cumplir la meta de gasto total? Lamentablemente, el ajuste se hizo con el gasto de capital, que resultó $2.113 mmm inferior a lo que se había presupuestado, dañando con esto la recuperación de la actividad y el empleo. El gasto de capital del Gobierno representó un 3,5% del PIB, bastante por debajo de las cifras históricas.

Mirando estos números, parece injustificable que el Gobierno siga demandando recursos adicionales de los privados. ¿Para qué? ¿Seguir aumentando el gasto en funcionarios y reduciendo la inversión pública? ¿Y dónde queda la parte del crecimiento del llamado “Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”?

Cecilia Cifuentes
Directora ejecutiva Centro de Estudios Financieros ESE Business School Universidad de los Andes