Sucesivos gobiernos han sido decididos en la defensa jurídica de las fronteras a través de mediación, tratados, arbitrajes y cortes internacionales. No ocurre lo mismo con el control efectivo de la frontera, en lo que, hasta ahora, los gobernantes e instituciones públicas muestran total incompetencia y desidia.

Cientos de miles de extranjeros han traspasado ilegalmente los pasos fronterizos, miles lo siguen haciendo impunemente, mientras los ciudadanos chilenos nos vemos expuestos a controles burocráticos duplicados y largas esperas al ingreso y salida del país, especialmente por los pasos fronterizos. El absurdo llega al extremo de doble revisión del equipaje y vehículos. Una vez por aduanas; otra, por funcionarios del SAG, lo que debería realizarse en un mismo acto, por el mismo funcionario. La mencionada racionalización es imposible, por debilidad de las autoridades por temor a gremios celosos de perder atribuciones y bonos por horas extraordinarias y para zonas aisladas.

El cardenal Antonio Samoré, honrado con la nominación homónima del paso Puyehue, es más conocido por las molestias burocráticas causadas en ese control fronterizo que por su exitosa gestión mediadora que, junto con evitar una guerra fratricida con Argentina, delimitó las jurisdicciones marítimas en la zona austral.

El Gobierno, en reacción al extraño secuestro del teniente venezolano Ronald Ojeda, perseguido por Maduro, ha ordenado el reforzamiento del control fronterizo. La orden fiscalizadora es risible, solo comprueba el descontrol existente. Por de pronto, es probable que los secuestradores, parte del crimen organizado sea político o no, hayan ingresado en forma irregular y cuenten con antecedentes impecables según falsos documentos expedidos en Venezuela, que hasta les permitirían normalizar sus residencias en Chile. Además, lo más probable es que el teniente supuestamente secuestrado sea conducido en un auto entre los cientos que pasan de contrabando por la frontera con Bolivia para luego ser embarcado furtivamente a Caracas bajo los auspicios del Presidente Arce, aliado de Maduro, sin nunca más saberse del destino de la víctima y de la identidad de sus secuestradores.

Luego del desborde migratorio, los gobiernos se vieron forzados a recurrir a las Fuerzas Armadas, desplegándolas en la zona norte, aunque siempre restringiendo sus facultades, sumando absurdas limitaciones para la reconducción y expulsiones de migrantes ilegales, incluso acusados o condenados de sicariato, narcotráfico, tráfico de personas y otros crímenes, antes o después de su ingreso al país. En las colapsadas cárceles chilenas el 14% de los presidiarios son migrantes ilegales, y 52% en Tarapacá.

Recuperar las fronteras, gestionarlas con inteligencia y enfrentar la migración ilegal debe ser una prioridad nacional y no una emergencia episódica por el eventual secuestro del militar venezolano.