El padre Antonio Ronchi fue un abnegado sacerdote misionero italiano que desplegó su trabajo y vocación en la Región de Aysén, con especial compromiso en el desarrollo de la zona favoreciendo a la pesca artesanal. Le conmovía profundamente la pobreza que observaba a su alrededor y era usual verlo de poncho mientras enseñaba a los pescadores cómo construir una lancha o hacer un muelle. Siempre pensó en el bien común. Por el momento, su legado sigue vivo y sus esfuerzos no fueron en vano. Uno de los principales espacios de la sede del Gobierno Regional de Aysén lleva su nombre como homenaje. “Salón Padre Antonio Ronchi” se lee a la entrada de un sitio que se ha tornado emblemático por estos días. Será precisamente en ese lugar que honra su memoria donde el próximo jueves 29 de febrero, durante la tarde, se votará una solicitud que pone en jaque el potencial económico, la soberanía y el bienestar de las familias de la Región de Aysén que tanto han luchado por tener un futuro sostenible para sus seres queridos. Ese día se desarrollará en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero una definición que marcará un antes y un después en el desarrollo de la macrozona sur. Dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, los famosos ECMPO, tienen a los habitantes de Aysén en alerta máxima, movilizándose y alzando la voz para que una ley con una serie de falencias, la Ley Lafkenche, no les arrebate sus sueños y el de sus futuras generaciones. Esta normativa, cuyo espíritu original es bueno, tiene vacíos legales, ha generado malas prácticas y, con ello, ha permitido un uso abusivo por parte de algunos que la han invocado. Hoy gran parte de isla Huichas y Cisnes está siendo objeto de todo aquello. En tiempos donde la transparencia es imposible de soslayar a la hora de generar confianzas, sería un buen ejercicio de probidad visibilizar, para todos los chilenos, de qué manera Conadi realiza sus informes para validar estas solicitudes. La falta de claridad e información en estos procesos hace inevitable que surjan infinitas preguntas: ¿Es justo otorgar 600 mil hectáreas de mar a un reducido grupo de 38 personas? ¿Alguien le ha tomado realmente el peso a este requerimiento? ¿Es responsable entregar un espacio chileno soberano sin conocer en detalle el destino de uso ni la gobernanza que tendrá? ¿Cuál es la evidencia empírica que avala el uso consuetudinario? Es en momentos como este cuando los habitantes de Aysén tienen el deber de defender sus intereses regionales con todas sus fuerzas y con la férrea convicción de que el bien común y colectivo debe primar por sobre los beneficios particulares que hipotecan el desarrollo futuro. Sentimos el mayor respeto por la comunidad indígena. De hecho, Lafkenche en mapudungún significa “gente del mar”. ¿Acaso los pescadores artesanales no son “gente del mar”? ¿Por qué sería aceptable poner en riesgo su fuente laboral? ¿Tendrán que renunciar a trabajar en lo que han hecho durante toda su vida? ¿Ellos tienen menos derechos que quienes forman parte de los pueblos originarios? ¿Acaso los trabajadores acuícolas no son gente de mar? ¿Acaso los tripulantes de naves mercantes no son gente de mar? ¿Acaso tantos otros cuya actividad está vinculada al mar tampoco son gente de mar? No parece razonable aprobar esta solicitud, especialmente por la magnitud que tiene, la compleja jurisprudencia que establece y el conflicto que podría generar entre las comunidades y el entramado social de toda la región. Su impacto podría ser muy negativo e improvisar con el futuro de todas las familias que de una u otra manera viven del mar en la zona. No es justo, ni prudente, ni aceptable. Loreto Seguel
Directora ejecutiva Consejo del Salmón