Señor Director:

¿Es una acusación constitucional hacia donde vamos a llegar para tratar de impedir que la incompetencia de no cumplir con el correcto aseguramiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar a una educación pública de calidad, se pueda concretar en serio?

Una acusación constitucional tal vez nos desviará del camino de la urgencia que sufre Atacama, pero ¿qué otra salida tiene el Poder Legislativo para exigir lo que se acordó en el Congreso con el Poder Ejecutivo? Hay cientos de páginas de Contraloría que indican todo lo sorprendentemente irregular que se ha hecho. ¿Qué recurso queda? ¿Un nuevo ciclo de movilización de las comunidades educativas?

Cuando los adultos no hacemos lo correcto, sobre todo si manejamos el aparato público, emerge con fuerza una muy delicada víctima: los estudiantes y sus truncados procesos de aprendizaje.

Jaime Retamal Salazar
Dr. en Educación, académico Usach