Bastó que el Presidente Boric afirmara que las querellas y recriminaciones contra su antecesor, Sebastián Piñera, pudieron ir “más allá de lo justo y de lo razonable”, para que se despertara la ira en las filas comunistas y se lo hiciera merecedor del epíteto de “negacionista”, lanzado por diputadas de esa colectividad. Incluso el timonel partidario, Lautaro Carmona, circunspecto en sus primeras declaraciones luego de la muerte del exmandatario, se preocupó el fin de semana de subir a la web un artículo para insistir en la supuesta responsabilidad de Piñera en violaciones a los derechos humanos ocurridas a propósito del estallido de 2019. Violaciones que, según remarcó por su parte la senadora Claudia Pascal, “fueron masivas y sistemáticas”, por más que el Instituto Nacional de Derechos Humanos haya evitado en su momento usar este último concepto y que el propio Piñera —según recordó la expresidenta Bachelet— se hubiera preocupado, ante las denuncias, de convocar a organismos internacionales para abordar la situación.

Es probable que en la reacción comunista —que ha dejado en incómoda posición a la ministra vocera, Camila Vallejo— haya incidido el escenario interno de un partido que este año debe renovar a sus autoridades. En estas condiciones, los distintos liderazgos estarían privilegiando hablarles a sus bases más duras, por más que ello signifique aparecer en conflicto con el gobierno del que son parte. Hay en esta reacción, por lo demás, claras similitudes con la que el mismo partido tuvo cuando el mes pasado el Gobierno anunció su decisión de revocar pensiones de gracia, ocasión en que una parlamentaria llegó a anunciar que recurrirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero junto con posibles cálculos internos, el PC parece preocupado por defender la particular visión que la izquierda ha buscado imponer de los hechos de 2019. Según ella, habría habido en Chile una legítima “revuelta” contra el modelo neoliberal, donde grupos como la “primera línea”, actuando cual supuestas vanguardias del pueblo, se habrían enfrentado a un gobierno que se valía de las fuerzas de orden para ejecutar la más cruel represión. Ese relato llegó a ser hegemónico en el período de la Convención Constitucional, pero desde entonces no ha hecho sino derrumbarse al ser confrontado con la realidad. Desde luego, ha quedado claro que la mayoría de los chilenos no quieren la refundación del país y que los resultados de la revuelta no fueron otros que la vandalización de las ciudades y una crisis de seguridad pública que hoy solo se agudiza. A su vez, los antecedentes conocidos a propósito de los indultos y de las pensiones de gracia han demostrado que supuestos luchadores sociales que se enfrentaban a la policía eran en realidad delincuentes comunes con extensos prontuarios, en tanto que el avance de las investigaciones está evidenciando que, si bien en esos días hubo acciones abusivas por parte de algunos miembros de Carabineros, también hubo muchos otros policías injustamente acusados simplemente por ejercer su tarea de defender el Estado de Derecho. En ese contexto, la reivindicación popular de la figura de Piñera ha venido a desmentir la suerte de leyenda negra que intentó tejerse respecto de su gobierno. El hecho de que sea el propio Presidente Boric quien ahora admita la forma injusta e irracional en que se actuó contra su antecesor termina de echar abajo el mito octubrista del que ha medrado la izquierda en los últimos cuatro años: Piñera no era un dictador que le hubiera declarado la guerra a su pueblo —como absurdamente se quiso instalar a propósito de una mala frase en que el exmandatario hablaba de enfrentar a los violentistas—, sino un demócrata que procuró enfrentar por vías institucionales la mayor crisis que haya vivido Chile en tres décadas.

Tiene sin duda razones el PC para estar molesto.